Ni siquiera cuando el país está en medio de una cuarentena, el trabajo escasea y el sistema de salud enfrenta la situación más difícil de los últimos años, los funcionarios corruptos dejan de “robarle la vida a los colombianos”, como dijo el procurador general Fernando Carrillo.
Los hallazgos de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría con respecto a las posibles irregularidades en contratos en todo el país, para atender la emergencia del coronavirus han sorprendido a los colombianos. Las primeras irregularidades se han identificado en 53 contratos por un valor de 135.918 millones de pesos.
Dentro de la estrategia de vigilancia y control de las “ías”, “Transparencia para la Emergencia”, se han identificado irregularidades en 34 contratos de salud pública, 14 de alimentos y cinco de publicidad.
Los primeros suspendidos
En Quindío las alarmas se encendieron cuando Abelardo de Jesús Echeverri Penagos, propietario del supermercado El Progreso, denunció que su firma había sido falsificada en un contrato por 396 millones de pesos en mercados con la Alcaldía de Calarcá, cuando en realidad había sido contratado para entregar alimentos por valor de 15 millones de pesos.
Así que la Procuraduría Provincial de Armenia abrió investigación contra el alcalde Luis Alberto Balsero Contreras, y el Secretario Administrativo del municipio, José Garzón. Los suspendió por 3 meses.
A la investigación también fueron vinculados el subsecretario Administrativo de Calarcá, Gesner Arneth Rengifo; la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Laura Estefanía Arenas Arias, y la secretaria de Servicios Sociales y Salud, Natalia Vannesa Castillo Martínez.
Al frente de la Alcaldía estará Paula Andrea Huertas Arcila, quien fue designada por el Gobernador del Quindío como corresponde.
El gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, también fue sancionado por tres meses por la Procuraduría y, además, el organismo solicitó la suspensión del contrato 0198 de 2020 firmado por más de 2.000 millones de pesos, al advertir que “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el covid-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”.
El órgano de control investiga supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, con temas de salud e higiene.
La Procuraduría advirtió un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia, máxime “si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que tendría que atender a las personas infectadas con el coronavirus”, explicó Carrillo.
El encargado como gobernador de Chocó será una de las decisiones que el presidente Iván Duque deberá tomar en las próximas horas.
Un ministro en la mira
Las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación llegaron hasta el alto Gobierno. El fiscal Francisco Barbosa anunció la apertura de investigación preliminar contra el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea Navarro, proceso que será llevado por fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, dada su calidad de aforado, y serán vinculados otros funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).
El proceso que involucra al ministro tiene que ver con los créditos de emergencia que entregó Finagro, cuyos recursos habrían ido a parar a actividades no productivas.
Así mismo, llegarán a la Corte Suprema los procesos abiertos especialmente por sobrecostos en los contratos de alimentos, de insumos médicos o publicidad contra los gobernadores de Vichada, Álvaro Arley León Flórez; Magdalena, Carlos Caicedo Omar; San Andrés, Everth Hawkins; y Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. Contra este último avanzan sendas investigaciones e indagaciones preliminares fiscales y disciplinarias.
“En las próximas semanas se presentarán los resultados de imputaciones y medidas de aseguramiento como estrategia de persecución contra la criminalidad”, dijo Barbosa.
Responsabilidad fiscal
Aunque el contralor general de la República, Felipe Córdoba, no ha suspendido aún a ningún funcionario, aseguró que abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 1.050 millones de pesos contra el gobernador de Arauca, por sobrecostos en esta cuantía en un contrato de suministro logístico y entrega de 33.437 kits de ayuda alimentaria a población afectada por la emergencia sanitaria covid-19.
La Contraloría estableció un presunto sobrecosto del 31 % en los kits adquiridos. En el ya famoso contrato del atún de 19.000 pesos, se encontraron alteraciones en los precios en productos como sal (145 %), panela (206 %) y pasta (211 %). Además, la entidad de control fiscal evidenció falta de planeación en esta contratación por 4.463 millones, ya que no están soportadas las cotizaciones realizadas y no existió análisis de los costos y gastos incurridos por el contratista, que tampoco están soportados.
El proceso también implica a los secretarios Carolina Muriel Zea, de Desarrollo Social y Equidad de Género; Luis Merardo Tovar Altuna, de Gobierno y Seguridad Ciudadana; y Edward Enrique Portillo, coordinador de Gestión del Riesgo Departamental, así como el contratista Multiservicios Mael SAS Zomac, representada legalmente por Hebert Ernesto Espinoza Braga.
Un mensaje unánime
Pocas veces el país ha podido ver el trabajo aunado de entidades de control y del ente investigador en tiempo real. El fiscal Barbosa recordó cómo históricamente las investigaciones y sanciones se daban varios años después de cometidas las conductas criminales y que las entidades llegaban a contar la plata perdida.
Para este momento, la acción oportuna de los organismos, y gracias a las facultades constitucionales recientemente otorgadas a la Contraloría, se logró que 13 contratos fueran reformulados o suspendidos y que se hayan protegido 17.000 millones de pesos. “Esa fue plata que no se perdió”, anotó el fiscal.
Por ahora las investigaciones continúan. El compromiso de Barbosa, Carrillo y Córdoba es que “uno de los capítulos más dramáticos de Colombia sea plenamente esclarecido y los corruptos no tengan sino vergüenza para volver a mirar al país”, como lo señaló el procurador.
En palabras del contralor Córdoba: “aquí estamos para que no hagan fiesta estos personajes con los recursos de los colombianos”.
A lo que el fiscal Barbosa ajustó: “esto no ha terminado, esto está empezando. No vamos a permitir que un solo peso de los colombianos, de la gente que está en este momento observando a la distancia mientras está confinada y con miedo, se pierda”.
