La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tenía un texto preparado para su publicación por si la Corte Constitucional no le ampliaba su mandato. Contemplando ese posible escenario, dicha entidad —que nació tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016— ya tenía a la mano documentos sobre lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, con la Unión Patriótica y otros hechos del conflicto armado.
No obstante, la Corte Constitucional oficializó este viernes que se ampliará por nueve meses más su mandato –que vencía el próximo 28 de noviembre–. Ese nuevo periodo le permitirá a la entidad avanzar en la construcción del informe final sobre lo que, desde su perspectiva, sucedió durante cinco décadas de guerra en Colombia.
Para tomar esta decisión, la Corte acogió la demanda presentada por la Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis, de la Universidad de los Andes y de Dejusticia. En esta demanda, las organizaciones aseguraron que es necesario compensar los retrasos causados por la pandemia, que generaron graves afectaciones en la Comisión de la Verdad.
“La imposibilidad de viajar a los territorios donde se vivió el conflicto armado ha perjudicado el cumplimiento de los cuatro objetivos de esta institución creada por el Acuerdo Final de Paz: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. De no resarcirlos, se estaría incumpliendo con el Acuerdo de Paz”, indicaron las organizaciones.
Además, las corporaciones argumentaron que la Comisión solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad, lo que corresponde solo a un 40 % de su periodo, “el resto del tiempo, si bien no han suspendido las actividades, sí han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades”.
Ante estos argumentos, con ocho votos por parte de los magistrados, la Corte aprobó la extensión con la que se avaló que la Comisión vaya hasta el 27 de junio de 2022, seguido del período de socialización del informe, que es de dos meses, y que termina el 27 de agosto de ese mismo año.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Jorge E. Ibáñez, magistrado ponente de la demanda, contó que la decisión se tomó pensando en el derecho de las víctimas a conocer la verdad (ver Para Saber Más).
Lo dictado es clave para la construcción de memoria y materialización de lo firmado en La Habana, pues esta entidad busca relatar a detalle cómo sucedieron los hechos victimizantes y bajo qué contexto se desarrolló la guerra. Además, pese a que no es vinculante, como sí lo es la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que es el conjunto de mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas.
