Una revisión minuciosa a la contabilidad y ejecución de los entes territoriales en el país, como son alcaldías y gobernaciones, le permitió a la Auditoría General de la República encontrar que posiblemente 12,8 billones de pesos se quedaron sin utilizar en las cuentas corrientes y de ahorro de estas entidades en 2017.
Este dinero equivale al 13,8% del total del presupuesto de inversión del año, sin embargo, al analizar la totalidad de la plata que se ha acumulado en las cuentas de alcaldías y gobernaciones a lo largo de la vigencia del sistema general de participaciones (2001) la cantidad de dinero se elevaría a más de 20 billones de pesos.
Al margen de lo abultada que suena la cifra, resulta preocupante que los rubros con mayor cantidad de dinero represado son educación, salud y transporte, tres sectores de vital importancia para el desarrollo de las poblaciones y el cierre de la brecha social.
Para la Auditoría, estas cifras muestran “bajos niveles de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos”, que impactan “las políticas públicas de lucha contra la pobreza y la exclusión”, en las cuales el presupuesto territorial juega un “papel fundamental”.
Las mayores “rajadas”
El sector con mayor porcentaje de presupuesto no utilizado fue transporte, con 2,1 billones de pesos. De los hallazgos se encontraron dos municipios en los que la ejecución fue del 0%, es decir, ni un centavo: Riohacha y Barrancas, municipios de La Guajira.
Además, se encontraron otros casos críticos como en el departamento del Atlántico, en donde no se ejecutó nada en el rubro de “construcción de vías”, de los 107.786 millones de pesos asignados.
Tal panorama adquiere mayor relevancia contando con que Colombia se encuentra en el puesto 126 de 140 respecto a la calidad de sus carreteras, según la estadística del Foro Económico Mundial.
En el segundo renglón de presupuesto sin ejecutar está el sector de la salud, con 1,9 billones de pesos que reposan en las arcas territoriales.
En la revisión de la Auditoría se encuentran casos como el departamento de Sucre, en donde se dejó de ejecutar el 61% de los recursos asignados (46 mil millones de pesos) y en donde han estallado en el último año dos carteles de corrupción en la salud: el de los enfermos mentales y el del asma.
Otro departamento con más del 50% de su presupuesto sin ejecutar fue Chocó, con 43 mil millones de pesos, para una región en donde solo esta semana se reportó la muerte de 12 menores de edad por aparente desnutrición.
En el tercer renglón está el sector educación, con 1,7 billones de pesos sin ejecutar. Dos municipios antioqueños lideraron el porcentaje de dinero sin comprometer: Sopetrán, con 88,5% de presupuesto no ejecutado y San Pedro de los Milagros, con 72,4%.
Existen otros rubros de igual gravedad, como el de agua potable y saneamiento básico, en donde se reportaron un 0% de ejecución en seis municipios: Cantagallo (Bolívar), Cubarral (Meta), Manatí (Atlántico), Milán (Caquetá), Mogotes (Santander) y Santa Rosalía (Vichada).
Debilidad central
“Estamos en un periodo en el que hay un nuevo gobierno, nuevo gabinete y nuevo contralor, entonces lo que nos preocupa es que por esa coyuntura la cifra de inejecución de 2018 se dispare”, reveló el auditor general Carlos Hernán Rodríguez, en diálogo con EL COLOMBIANO.
Este funcionario planteó que la falta de ejecución desnuda un problema de centralización del control fiscal, especialmente en las contralorías territoriales. “Estamos detectando en nuestra vigilancia que se está adoleciendo de una política en esa materia. No es posible que cada contraloría audite lo que quiera. Se necesitan parámetros”.
Sobre este fenómeno ya se había pronunciado el contralor general, Edgardo Maya Villazón, quien recalcó que no existe una política general en el sistema de ejecución de recursos nacional y que allí se está desnudando las debilidades en las entidades públicas.
“En general, la fragilidad de las entidades públicas, corrupción, desorden, procedimientos gubernativos y judiciales complicados, reestructuraciones administrativas, conflicto de competencias, no ha sido abordado como estructura de Estado. Existen varias entidades con recursos de inversión para el mismo programa pero no se coordinan”, expuso el jefe del ente de control.
Sin embargo, el auditor recalcó la debilidad encontrada en la articulación de las contralorías: “Hay una desconexión total entre la general y las territoriales. Son una creación sobre las que debemos hacer lo posible por meterlas en cintura y que haya coordinación”.
Reformular la ejecución
Si bien Gilberto Toro, director de la Federación de Municipios, Fedemunicipios, reconoció que “es muy triste y es inaceptable” que los recursos no se ejecuten por “trabas de tipo administrativo y burocrático”, también enfatizó en la necesidad de reformular la manera como se reparte el dinero del nivel central al regional.
“En el tema de las regalías, la responsabilidad no es de los alcaldes sino ese embeleco llamado Ocad (ente colegiado que aprueba los proyectos que se financian con las regalías) y en el sistema de participaciones, es que existe un atraso histórico en la ejecución de muchos recursos porque ha habido problemas de debilidad institucional”, explicó.
Sin embargo, recalcó que tras la reunión del 11 de julio de los alcaldes con el presidente, Iván Duque, se habría llegado a un acuerdo para acabar con los Ocad y reformular toda la política de gasto. Para ello, Toro informó que esperan poder reunirse con el mandatario a final de año.
Falta disciplina fiscal
Al preguntarle sobre estas cifras, el abogado Mauricio Plazas, experto en derecho tributario y de la hacienda pública, consideró que al país le falta “coger disciplina fiscal”.
Eso pone en evidencia una “falta de conexión entre las políticas fiscal de centro y de la periferia. La ejecución y la estructura del presupuesto no puede ir separada a los presupuestos subnacionales”.
En ese sentido, consideró crítico que en el Gobierno central se esté haciendo un recorte sustantivo de las inversiones, “sacrificando a un montón de destinatarios de población vulnerable”, pero en el nivel territorial estén “sobrando” 13 billones de pesos de gastos de inversión cuyo principal destinatario es esa misma población.
65%
de los recursos que no se utilizaron quedaron en cuentas de ahorro de bancos.
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