Una decisión judicial dada a conocer en la tarde de ayer cambia el panorama pese a que está programada por las principales centrales obreras (CUT, CGT, y CTC) y Fecode la realización de la que sería la primera movilización ciudadana desde que comenzó la pandemia, que ya deja 2,8 millones de casos confirmados y 72.375 muertes, según el Ministerio de Salud.
En un auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la magistrada Nelly Yolanda Villamizar decretó medidas cautelares para “dejar sin efecto los permisos concedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá, como los demás alcaldes locales de todos los municipios de Colombia para llevarse a cabo las manifestaciones de protesta”.
Las medidas cautelares, de acuerdo a la sentencia, regirán hasta que se “implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra la pandemia covid-19 y sus variaciones que garantice a los manfiestantes como a los terceros (...) los derechos fundamentales a la salud, la vida y la salubridad pública”.
En la decisión, de 45 páginas, se lee que “no se puede establecer que para la manifestación no solo las autoridades accionadas sino también los propios sindicatos, que agrupan a las diferentes personas, se tengan identificadas sus condiciones de salud, menos aún se prueba que se tengan previamente reglamentados unos protocolos de bioseguridad”.
Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de aplazar las manifestaciones de este miércoles 28 de abril y ordenar a los gobiernos locales e incluso a la Presidencia de negar permisos para dichas protestas, el Comité Nacional de Paro, señaló anoche que la jornada sigue en pie. Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, fue el encargado de hacer el anuncio
