En una audiencia de más de 12 horas, Álvaro Uribe y la Fiscalía salieron como perdedores de una batalla jurídica que lleva a juicio al expresidente por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
El veredicto vino por cuenta de la jueza Carmen Helena Ortiz, quien rechazó la solicitud de preclusión interpuesta por el ente acusador al considerar que no había motivo alguno para que continuara este expediente que viene rodando hace cuatro años.
Según la togada, el fiscal Gabriel Jaimes no pudo sostener sus afirmaciones porque en medio de ellas hay varias inconsistencias que no podían pasarse por desapercibidas.
Unas de las más notorias son que se dejaron por fuera diligencias que podrían demostrar la participación de Uribe en las supuestas manipulaciones, y que no se ahondó lo suficiente en el material ya documentado por la Corte Suprema.
Hacia las 9:13 de la noche, la jueza finalizó sus conclusiones y determinó que, en efecto, se caía la preclusión, la cual podía ser apelada por la Fiscalía.
Sin embargo, el fiscal Gabriel Jaimes tomó la palabra y dijo que la Fiscalía “no interpone recursos”.
Con ello, se abren dos puertas: radicar escrito de acusación para llevarlo a juicio, o presentar otra solicitud de preclusión que, en todo caso, por ley no recaería de nuevo en Ortiz.
El golpe no solo generó un hito en el proceso judicial –uno de los más relevantes de los últimos años en el país–, sino que también causó un remezón político, puesto que deja a Uribe mal parado a 31 días de la primera vuelta presidencial.
Las razones del juzgado
Con fuertes cuestionamientos al proceder del fiscal Gabriel Jaimes, la jueza expuso en varios puntos los motivos de por qué este expediente sigue vivo y rumbo a juicio.
Entre ellos hay varios nombres de por medio con una misma tesis: lo que para la Fiscalía no es sólido, para la Corte Suprema sí lo había sido meses antes, cuando Uribe era un senador procesado por ese alto tribunal.
Bajo esa idea, los primeros nombrados en la audiencia fueron los presos de la cárcel de Cómbita alias Sinaí, Poli y Cadavid. De acuerdo a las víctimas, los tres habrían sido manipulados para declarar en contra del senador Iván Cepeda y a favor del expresidente.
Sin embargo, la Fiscalía no encontró mayores pruebas de ello, algo que se le hizo extraño a la jueza, pues considera que hay más personas a las que se pudo entrevistar antes de emitir esa afirmación.
Otra de las críticas vino por cuenta del manejo al testimonio del narcotraficante Juan Carlos “El Tuso” Sierra. Él es piedra angular porque según la defensa de Uribe, es quien buscó al abogado Diego Cadena para hablar de supuestas dádivas que le ofreció Cepeda para manchar el nombre de Uribe.
Aquí viene otro choque entre la Fiscalía y la Corte, pues esta última ya advirtió que habría sido al revés: que a través del abogado Cadena se acercaron al narco para favorecer a Uribe.
El nombre de Cadena no solo aparece con “El Tuso”. En otro jalón de orejas a la Fiscalía también es protagonista, tanto así que está procesado por lo mismo que su cliente.
En el punto de la exfiscal Hilda Niño, este abogado habría sido facilitador para que ella dejara bien parados a Uribe y a su hermano Santiago Uribe. Posteriormente aparecieron los nombres de Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés.
Los dos recibieron ayudas humanitarias de Cadena, cuestionadas por las víctimas del caso, pues harían parte de un soborno con una sola intención: favorecer al exjefe de Estado a cambio de plata.
Esa oportunidad no la descarta la jueza Ortiz, y es por ello que junto a un total de seis hechos relevantes no cierra un caso que tras su decisión generó reacciones de diversos sectores.
Remezón político
La noticia de que Uribe sigue imputado se da previo a una elección presidencial en la que si bien no tiene aspiraciones directas, sí genera un revolcón político a favor y en contra.
Unos la calificaron como una auténtica barbaridad. Es el caso del representante Diego Cadavid, miembro del Centro Democrático. Algo muy distinto afirmaron miembros de la oposición como el congresista Alexander Maya, quien celebró que la jueza haya fallado en derecho a pesar de que la Fiscalía concordaba con la tesis de los abogados de Uribe, Jaime Granados y Jaime Lombana.
De ese estilo fueron otros pronunciamientos que piden justicia tanto para Uribe como para las víctimas.
Fiscalía no apeló
Desde antes de que la jueza emitiera el sentido del fallo, el fiscal Jaimes sabía que podía apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. No obstante, no lo hizo.
Así las cosas, el expresidente Uribe seguirá imputado y el ente acusador debe alistarse para radicar el escrito de acusación que lo lleve a juicio, instancia a la que le corresponderá ahondar en las pruebas que tienen varios frentes.
Esa no es la única posibilidad, ya que puede que Jaimes presente una nueva solicitud de preclusión que tendrá que ampararse en las otras cinco causales que le quedan por ley. Por el momento ya le negaron la de atipicidad, es decir, que no hubo delito; y la de ausencia de intervención del investigado, que en este caso significa que si se delinquió, Uribe no conoció de ello.
