En manos de la comisión de instrucción que eligió el Senado estará el proceso del magistrado Jorge Pretelt Chaljub, acusado de recibir una comisión por 500 millones de pesos para favorecer a la firma Fidupetrol en un proceso que se adelantaba en la Corte Constitucional. La comisión estará compuesta por los senadores José Obdulio Gaviria, Alfredo Ramos y Paloma Valencia, del Centro Democrático. A estos senadores se sumarán Roosvelt Rodríguez (Partido de ‘la U’), Jorge Prieto (Alianza Verde), Juan Manuel Corzo (Partido Conservador) y Guillermo Santos (Partido Liberal).
Si la comisión lo encuentra culpable, el caso del magistrado Pretelt pasaría a la Corte Suprema de Justicia. Después de conocer esta noticia, el magistrado Pretelt habló con EL COLOMBIANO sobre su situación jurídica: “Espero que la Comisión de Instrucción designada por el Senado de la República pueda comprobar el gran error que se ha cometido conmigo. Estoy listo para asistir a ella y dar todas las explicaciones que se me exijan, pues siempre he actuado de cara al país y no tengo nada que ocultar”.
En marzo de 2015, el abogado Víctor Pacheco Restrepo acusó a Pretelt de cometer un presunto acto de corrupción. El magistrado también se pronunció sobre ese punto: “Quiero manifestar de antemano que en el expediente está completamente demostrado, a través de pruebas practicadas por la propia Fiscalía General de la Nación, que no me reuní con Víctor Pacheco el 18 de octubre de 2013, ni intervine en ninguna ocasión a favor de Fidupetrol, pues no seleccioné la tutela, ni la insistí, solicité que no se seleccionara y además voté para que se declarara improcedente”.
Un argumento que presentará Pretelt en el Congreso es que en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no pudieron encontrar pruebas contundentes del presunto soborno: “Esta situación es tan absurda que el propio proyecto de acusación presentado por el representante Bedoya señala que no tiene pruebas en mi contra: ‘le asiste razón a la defensa y al Ministerio Público cuando afirman que las diferentes diligencias practicadas en el curso de esta investigación no arrojan medios de prueba que permitieran afirmar, siquiera de modo indiciario, que el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub recibió la suma de $500.000.000 de manos del abogado Víctor Pacheco’”.
Según Pretelt, todo se trató de “un complot encabezado por los magistrados Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio, secundado por la actual presidenta María Victoria Calle, quienes querían expulsarme a toda costa de la Corte Constitucional”.
Sobre el magistrado Pretelt también pesa una demanda por un presunto caso de despojo de tierras en los municipios de Turbo, San Pedro de Urabá y Arboletes. Al respecto, Pretelt dijo
“que se encuentra plenamente demostrado que ni mi familia ni yo hemos desplazado a nadie de sus tierras, ni hemos adquirido predios objeto de despojo. Está comprobado que la firma de uno de los supuestos reclamantes fue falsificada para presentar la reclamación y además de sus propias hijas, yernos y nietos han declarado que jamás fue constreñido para vender. El otro reclamante ya reconoció que ni yo ni mi familia lo desplazamos, tal como ya lo han confirmado sus 2 hermanos y su sobrino”.
Para el magistrado, “el proceso nunca debió llegar al Senado de la República. Lo demostraré”.
