Este jueves 2 de mayo, la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP ordenó a la Policía Nacional, a la Interpol, a la Dijín y a la Registraduría Nacional que elimine los antecedentes judiciales de 9.600 firmantes de paz de las extintas de Farc-EP que recibieron amnistías de iure otorgadas por decreto de la Presidencia de la República (Gobierno Santos) por delitos políticos cometidos durante el conflicto armado.
”En esta decisión, la SAI ordena materializar los efectos de los beneficios jurídicos de los firmantes de paz y garantizar su reincorporación de manera eficaz. Los firmantes de paz que recibieron estas amnistías, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, no están vinculados con crímenes de guerra y de lesa humanidad”, dice el tribunal de paz.
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“Los firmantes de paz que recibieron estas amnistías, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, no están vinculados con crímenes de guerra y de lesa humanidad”, comunicó la Jurisdicción Especial para la Paz.
Esta decisión se da luego de las molestias expresadas por el antiguo secretariado de las Farc, quienes dijeron que la JEP había perdido el norte y dejó cumplir las funciones para las que fue creada. Todo esto, ante el posible pedido de extradición de uno de sus miembros y ante la aparente quietud para emitir decisiones de fondo del tribunal especial.
“La JEP se ha atribuido funciones que no le corresponden y que, de hecho, si todo sigue así, van a terminar burlando los derechos de las víctimas”, dijo Julián Gallo, senador del partido Comunes y exintegrante del Secretariado, en una rueda de prensa.
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