Tras ser acusado por los asesinatos de dos campesinos presentados como guerrilleros, cuando se desempeñó como comandante de la Brigada XVI en Casanare, el general en retiro Henry Torres Escalante se convirtió en el primer oficial en ser capturado por la Fiscalía debido a los expedientes de falsos positivos y en el primero en comparecer por esos mismos casos ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Casi cinco años después de esa audiencia ante la JEP (ocurrida en enero de 2017), esa institución rechazó este viernes la posibilidad de concederle una libertad anticipada tras concluir que el implicado no ha cumplido con los requisitos de aporte “temprano y extraordinario a la verdad”, necesario para obtener los beneficios de esa justicia transicional. La orden, por ahora, es que el general (r) continúe en una cárcel militar del norte de Bogotá.
Según la JEP, el compareciente ha mantenido durante las audiencias una posición “eminentemente exculpatoria” en la que se ha empeñado en señalar que nunca dio ese tipo de órdenes durante su comandancia en la Brigada XVI del Ejército, y que no sabía que las bajas de combate reportadas eran resultado de confrontaciones simuladas.
Así mismo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que tampoco hay un aporte “novedoso” que supere lo que ya han recopilado otras instituciones de la justicia ordinaria.
Pero, además de las muertes de Roque Julio Torres y Daniel Torres, dos campesinos de 16 y 38 años acribillados en 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate, al general (e) se le investiga por los 170 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2005 y 2007 por miembros de su brigada y por otros nueve hechos que sumarían 12 víctimas fatales, entre otros crímenes enumerados en el expediente judicial.
Durante su paso por la Fiscalía, entre 2016 y 2017, esa institución aseguró tener en su contra pruebas como 53 inspecciones judiciales, 224 documentos y 93 testimonios.
