El ministro de Defensa, Guillermo Botero, salió en falso hace tres semanas cuando dijo que era la JEP la que no permitía la captura de los rearmados de las Farc, al asegurar que Leyder Johany Noscué Bototo, alias “Mayimbú”, presunto responsable del asesinato de Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca), seguía libre porque gozaba de los beneficios jurídicos que le otorgó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La JEP, entonces, abrió un incidente de verificación del cumplimiento y su presidenta, Patricia Linares, dijo que la Jurisdicción no protegía a quienes volvieran a delinquir, por lo que ratificó que la competencia con respecto a los delitos cometidos después de la firma del Acuerdo de Paz seguía siendo de la Fiscalía General de la Nación.
Le puede interesar: Un paso en falso del ministro Botero
Ahora, el problema es otro, el Ministerio de Defensa no ha aportado las pruebas que vinculan a “Mayimbú” con esos nuevos delitos, pese a que la Sala de Reconocimiento solicitó la información desde el pasado 16 de septiembre.
El 24 de septiembre, Mindefensa solicitó “una prórroga de días hábiles adicionales para la obtención de la información en las distintas dependencias del Sector Defensa competentes para realizar el informe requerido”, plazo que fue otorgado.
Sin embargo, “la anterior solicitud no deja de causar sorpresa al despacho, toda vez que fue el propio ministro de Defensa quien envía oficio informando a la Jurisdicción la posible participación del señor Noscué Bototo en los hechos descritos”, y “preocupa que las informaciones de inteligencia con que cuenta el Ministerio de Defensa no recojan en tiempo real la situación que evidencia en su comunicado del 6 de septiembre del presente año, lo cual lleve a solicitar una ampliación de los términos para emitir respuesta”, señaló la JEP.