Tras el impacto generado por la audiencia pública en la que 21 militares, un exdetective del DAS y dos civiles reclutadores reconocieron su responsabilidad en 296 falsos positivos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió extender un día más su agenda en Yopal (Casanare).
En lo que va del encuentro, que estaba programado solo lunes y martes, miembros del Gaula, del grupo Delta y del Batallón de Infantería 44, adscritos a la Brigada 16, han relatado cómo estigmatizaron a la población, seleccionaron a personas vulnerables y acabaron con la vida de casi 300 personas inocentes.
Por la naturaleza de la diligencia, los familiares de las víctimas asesinadas han tenido enfrentamientos con los comparecientes, en los que les exigen verdad plena, con señalamientos claros y descripciones certeras.
Con ello, la audiencia ha tenido que interrumpirse, pero, para ajustar el trámite a la búsqueda necesaria de reparación, los magistrados Óscar Parra y Catalina Díaz, relatores de Macrocaso 03 que investiga ‘falsos positivos’, decidieron extender la audiencia pública hasta el miércoles 20 de septiembre.
Los relatos hasta ahora dan cuenta de retenes falsos, quemas de documentos, informes ficticios y premios otorgados por aumentar el número reportado de bajas en combate.
Uno de los oficiales señalados en la jornada fue el general (r) Carlos Suárez Bustamante, antiguo inspector del Ejército.
El teniente (r) Jhon Suancha, quien fue miembro del Gaula de Casanare, lo calificó como “el padre de la omisión”, quien habría aprovechado su cargo de inspector para ocultar los crímenes y conspirar para engrosar la lista de cadáveres.
“Ordena desocupar todas las instalaciones del Gaula y dejarme solo con él en la sala de crisis del Gaula, y mi general me dijo frentiao: ‘Oiga güevón, el Ejército no se gasta tanta plata en su entrenamiento para que usted ahorita se venga a atortolar, ¿o es que no quiere ser capitán? Las bajas me las pidió directamente el señor general Carlos Suárez Bustamante, inspector general del Ejército”, recordó Suancha.
De otro lado, Lucy Yadira Ochoa, hija del campesino Fermín Ochoa, a quien el Ejército asesinó en 2007, interpeló al teniente retirado Marco Fabián García, al que acusó de mentiroso. El exmilitar dijo conocer al padre de Lucy, aunque en 2019, ante la Jurisdicción Especial, sostuvo lo contrario.
“Está mintiendo, usted no conoció a mi papá”, acusó la hija del campesino que hace 16 años fue señalado falsamente de ser informante de la guerrilla. García admitió que ha mentido y la magistratura le recordó que un gesto así es grave.
Los comparecientes han leído listas de personas con nombres y apellidos, de quienes recalcan que, aunque en su momento los señalaron de ser “bandidos”, actualmente pueden reafirmar que “no eran combatientes ni delincuentes, ni hacían parte de alguna organización criminal”.
Muchas de las víctimas presentes en el auditorio de la Cámara de Comercio de Casanare, donde se encuentra un característico cartel de “¿Quién dio la orden?”, aún no están conformes.
