El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, empezó a trazar líneas rojas en las que la entidad no estaría dispuesta a ceder para sumarse a la “paz total” del presidente Gustavo Petro.
Tras la avalancha de solicitudes de extraditables, narcos y grupos armados de crimen organizado que buscaron pista en la JEP, Cifuentes fue claro con que esa jurisdicción no puede aceptar “de ninguna manera” organizaciones que estén dedicadas al narcotráfico.
Dicha afirmación le da un portazo a grupos armados como “Los Pachelly”, de Bello, o el Clan del Golfo, pues son estructuras que no se fundaron bajo un objetivo político y que, por ende, no tendrían cabida en la Jurisdicción Especial.
El caso es distinto, por ejemplo, para la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Dicha organización tiene un trasfondo político similar al de la extinta guerrilla de las Farc, para cuyos miembros fue creada la JEP.
De hecho, Cifuentes se ha mostrado abierto a recibir a exmiembros del ELN si el Gobierno logra llegar a un Acuerdo de Paz con ellos.
En su momento, el presidente de la JEP dijo en diálogo con la W Radio que “el Sistema de Justicia Transicional que hace parte del acuerdo de paz y que se implementó en la constitución puede ser igualmente un instrumento que se puede extender en su momento al Ejército de Liberación Nacional, pero obviamente que eso supone lo que se defina en ese acuerdo y lo que eventualmente se adopte como decisión normativa por parte del estado colombiano”.
Así las cosas, al presidente Petro le costaría aún más trabajo modificar la Jurisdicción para que reciba otro tipo de grupos armados como narcotraficantes y crimen organizado, pues la JEP no fue creada para ese fin.
Los “paras” en la JEP
Recientemente, la Jurisdicción sí amplió su competencia para recibir, eventualmente, a paramilitares que tuvieron un papel clave y protagónico durante el conflicto armado.
Hasta ahora, la Jurisdicción solo recibía a exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc, a miembros y exmiembros de la Fuerza Pública y a terceros civiles relacionados con hechos criminales.
Pese a eso, la Jurisdicción decidió abrir el macrocaso 08, que investigará crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública en asocio con grupos paramilitares.
Allí, la Jurisdicción podría aceptar, por primera vez, a exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso; Jorge Tovar, alias Jorge 40 y Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Todos ellos tendrían ingreso si logran demostrar que fueron eslabones claves de la alianza entre la Policía, el Ejército y los grupos ilegales.
Todos los demás grupos fuera de esos casos priorizados por la JEP, no tienen cabida al menos como está constituida actualmente.
¿Por qué el interés de entrar a la JEP?
El hecho de que los narcos, los extraditables y el crimen organizado quieran entrar a la JEP no es fortuito. Una vez ingresan como comparecientes y empiezan a contar la verdad, los procesados tienen muchísimos más beneficios en la Jurisdicción que en la justicia ordinaria.
Los más codiciados de esos beneficios son la no extradición, la libertad anticipada y la reducción de penas. Actualmente, los comparecientes de la JEP pueden solicitar en un corto plazo recibir la libertad anticipada y condicionada y penas que no son punitivas, sino restaurativas.
En otras palabras, un compareciente de la JEP puede librarse de sus múltiples años de condena en la cárcel a cambio de contar todo lo que sabe sobre el conflicto, reparar a las víctimas y no reincidir en sus conductas. A ese conjunto se le conoce como justicia restaurativa.
