La aparente lentitud con la que avanzan las investigaciones que involucran a funcionarios de la Casa de Nariño, tiene a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la lupa de la opinión pública.
A diferencia de sus predecesores, ella fue ternada para el cargo en el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, de modo que arribó el pasado 22 de marzo en un ambiente de total expectativa y, en algunos sectores, de desconfianza.
La razón para dicho recelo, al margen de la polarización política, está en que el Presidente que la postuló, Gustavo Petro, y su círculo cercano, tienen expedientes activos por supuestos hechos de corrupción. Por eso, con apenas seis meses en el puesto y sin que se hayan producido sentencias, los opositores más radicales ya la tildaron de “fiscal de bolsillo”.
Para evaluar su gestión, EL COLOMBIANO consultó a seis fiscales con más de 15 años de experiencia en la Institución, es decir, que han trabajado bajo el mandato de distintos directores.
Frente a las investigaciones que salpican al Gobierno, sus opiniones están divididas: hay quienes dicen que el avance es lento, y otros que el desarrollo ha sido normal, teniendo en cuenta los tiempos que manejan los juzgados.
El expediente que registra mayores progresos es el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), uno de los más graves episodios de corrupción del gobierno de Petro.
Por ese caso, que estalló antes de la llegada de Camargo a la Fiscalía, están presos los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, el excontratista Luis Eduardo López y el abogado Édgar Riveros (señalado de ofrecer dinero a los anteriores para que cambiaran sus testimonios).
No obstante, la Fiscalía todavía no actúa contra los otros servidores públicos involucrados, de acuerdo con la versión de los detenidos: los ministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis F. Velasco; los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle; la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz; el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González; entre otros políticos cercanos al Pacto Histórico.
A algunos de los fiscales consultados les parece inexplicable que esta investigación no tenga avances más grandes, teniendo en cuenta que hay testigos negociando un principio de oportunidad y aportando pruebas; mientras que otros sugieren que Camargo prefiere actuar con cautela.
“¿Se imagina pedir una orden de captura contra un ministro y que luego un juez lo absuelva? Ningún fiscal general asumirá ese riesgo, por eso la directriz es encontrar evidencia técnica que soporte lo que afirman los testigos, y eso tarda”, acotó un investigador.
Los cuestionamientos por la parsimonia investigativa no son exclusivos del caso de la Ungrd, sino que rodean a varios procesos que comprometen al Palacio de Nariño.
La lista la encabezan las acusaciones contra Nicolás Petro, hijo del Presidente, sospechoso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito; a la par, las pesquisas por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial, que salpican a Armando Benedetti, embajador en la FAO, y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, entre otros.
Respecto a Nicolás Petro, la única novedad fue el relevo del fiscal Mario Burgos, quien lideraba la investigación desde junio de 2023, pues la causa penal ajustó 14 meses y todavía no empieza el juicio.
“Había razones objetivas de impedimento para sacar a Burgos del caso (supuesta filtración de evidencias a la prensa), pero además, él era el fiscal de confianza del anterior director, Francisco Barbosa. Es normal que la nueva jefa quiera que los casos grandes los manejen sus funcionarios de más confianza”, dijo una de las fuentes entrevistadas.
Tampoco hay avances sustanciosos contra los autores intelectuales de las “chuzadas” contra las empleadas de Laura Sarabia, directora del Dapre y mano derecha del Jefe de Estado. Dos policías, en el marco de un preacuerdo con la Fiscalía, aceptaron su responsabilidad, pero aún se desconoce quién dio las órdenes.
A paso de tortuga están los procesos contra la exministra del Deporte, María Urrutia, y otros funcionarios de su cartera, por irregularidades en la asignación de contratos; ella fue imputada en 2o23, se declaró inocente y ya pasó un año sin que haya juicio.
Más fría aún está la investigación contra Danilo Rueda, exalto Comisionado para la Paz, y Juan Fernando Petro (hermano del Presidente), por un presunto entramado de coimas en el marco de la “paz total”, para favorecer a cabecillas con gestorías de paz y beneficios jurídicos. En este punto apenas hay indagaciones preliminares.
En ese mismo estado anda el expediente contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el exdirector de Policía, general Henry Sanabria, por un incidente del 2 de marzo de 2023 en San Vicente del Caguán (Caquetá). Ese día una horda de indígenas atacó una empresa minera, secuestrando a 79 uniformados y seis trabajadores; en el hecho murió un suboficial de la Policía y un labriego, en una supuesta situación de omisión de socorro por parte del ministro y la cúpula policial.
Velásquez es el jefe político de Camargo, su mentor en la esfera judicial y quien le sugirió a Petro incluirla en la terna para fiscal.
