Los casos de abuso sexual de sacerdotes contra niños, niñas y adolescentes serán de conocimiento público. Así lo decidió la Sala Plena de la Corte Constitucional al ordenar a la iglesia Católica a liberar los archivos que dan cuenta de estos delitos dentro de la curia colombiana.
El alto tribunal resolvió más de cien acciones de tutela que fueron interpuestas por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán. Así se dio fin a un proceso que estuvo en estudio por diez años y que estuvo marcado por las aparentes trabas de la institución religiosa para garantizar el acceso a la información.
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Ahora, la iglesia deberá entregar datos personales de los sacerdotes, presbíteros o colaboradores que estuvieron denunciados dentro de la institución por cometer abusos sexuales contra los menores de edad. Además, deberán entregar los decretos que den cuenta de las sanciones que interpusieron a los implicados por sus aparentes conductas.
Las sentencias de la Corte T-091-20 y SU-191-22 ya obligaban a la iglesia a entregar la información solicitada. Sin embargo, el clero se oponía y alegaba que estaban amparados por el secreto pontificio. Aún así, con la poca información que había se lograron documentar 517 casos de sacerdotes que habrían abusado de niños y niñas: ninguno de los casos fue remitido a las autoridades judiciales.
