El Gobierno pasó a la ofensiva e inició una batalla jurídica con la que busca tumbar el obstáculo que le puso la Corte Constitucional para regresar a la aspersión aérea con glifosato, luego de que el alto tribunal dejara sin efectos el Plan de Manejo Ambiental .
El pedido lo hizo a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad que en 21 páginas radicó una solicitud para que se anule la sentencia que obliga a las autoridades a realizar una consulta previa –con presencia de las comunidades– en los lugares que se vayan a ver afectados por el herbicida.
El principal sustento que tiene el Gobierno para que la Sala Plena de la Corte le dé la razón en esta puja es la lucha contra el narcotráfico.
Dicho flagelo le ha traído no solo problemas deforestales al país, sino también –subrayan– muertes de líderes sociales y extorsiones que quieren frenar con el glifosato, herramienta que consideran la más certera a la hora de combatir estos delitos a tal magnitud.
El impulso, sin embargo, tiene un precedente constitucional que les será difícil reversar, pues en noviembre de 2021 el alto tribunal tumbó el Plan que ahora obliga a aplicar el mecanismo de participación ciudadana en los 104 municipios de 14 departamentos que se pueden ver damnificados una vez esté el aval para el glifosato, práctica pendiente por dos conceptos que faltan por resolverse.
En dicho fallo se resalta que hasta que no haya Internet y otras condiciones óptimas para que cada comunidad se entere de las metodologías a emplear, el Gobierno no podrá hacer uso del herbicida.
Es aquí donde se da el encontrón entre el poder Ejecutivo y el Judicial, ya que para el Gobierno ese derecho de los pobladores no puede estar por encima de la Ley, la cual establece que el delito de narcotráfico atenta contra la salud y la paz de los colombianos, las cuales también es deber del Estado garantizar.
La puja del Gobierno
Son varios los motivos que relaciona Camilo Gómez –director de la Agencia– en la acción de nulidad que presentó hace dos días. En uno de ellos se basa en reportes oficiales para afirmar que los narcotraficantes vierten en la selva unos 2.331 litros de químicos líquidos al año, cifra que no se equipara a los 10 litros –por hectárea– que utilizarían con glifosato en ese tiempo.
Otro planteamiento que piden revisar es que dicho químico se utiliza legalmente para actividades agrícolas como la floricultura y el cultivo de papa, por lo cual le hace un llamado a la Corte a la hora de proceder.
En efecto, les pregunta a los nueve magistrados de la Sala Plena “por qué el glifosato afecta la salud cuando se usa para combatir el delito, pero no cuando se usa para la agricultura y la ganadería”.
Esa y otras dudas serán revisadas por la Corte, que sorteará al ponente del pedido del Gobierno.
Más argumentos
En su intento por avanzar en el uso del glifosato, la Agencia se refirió a supuestas fallas procesales en la sentencia de noviembre del año pasado.
El primero es que este tribunal la emitió sin tener pruebas de cuál es la afectación directa a los 104 municipios mencionados. Según el Gobierno, la misma Corte ya había establecido hace
5 años que la consulta previa solo aplica para cuando hay pruebas concretas de que una comunidad puede ser afectada.
Es decir, se emitió un fallo cuando ya había un precedente judicial de por medio.
El otro argumento con el que buscan ganar esta puja es que no se demostró por qué se consideraba violado el derecho a la consulta previa, el cual aparecía en el Plan de Manejo que quedó sin efectos.
Para la profesora del Externado Floralba Padrón, el recurso de nulidad se presenta cuando “se vulnera el debido proceso o un precedente”, por lo cual, las razones de fondo ya fueron debatidos en la Corte y será difícil que los reverse, teniendo en cuenta que el pedido llega a la Corte que ya emitió el veredicto.
No obstante, en cuanto a los argumentos procesales puede que haya cabida a una nueva decisión que, en todo caso, se tardará varias semanas
