Colombia

Gobierno le apuesta a las deportaciones masivas

Migración Colombia señaló que cerca de 700 venezolanos han sido expulsados. ¿Es realmente la salida correcta?

Población venezolana esperando una autorización para cruzar la frontera en San Antonio. FOTO AP

24 de agosto de 2016

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Dos deportaciones masivas, una en Turbo y otra en Norte de Santander, han dejado en evidencia la política del Gobierno colombiano frente a los migrantes “irregulares”. En la frontera de Turbo con Panamá, Migración Colombia ha deportado 1.364 personas (de las cuales 1.350 tuvieron que regresar con sus propios medios). En la frontera con Venezuela, la entidad asegura que se han “deportado cerca de 700 venezolanos”.

La cifra la entregó ayer el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento. Según él, desde el 13 de agosto, día en el que se abrió la frontera entre Colombia y Venezuela, han ingresado 503.000 venezolanos y han regresado 490.000. “Quedan 13.000 que por ahora no están en causal de irregularidad. Debemos esperar 30 días para que estas personas salgan del territorio”.

Las labores de vigilancia no se han hecho esperar. Krüger dijo durante la rueda de prensa que “se han adelantado más de 4.500 verificaciones en La Guajira, Norte de Santander y Arauca. En Colombia son bienvenidos los extranjeros si cumplen con la normatividad migratoria”.

El lunes pasado, por ejemplo, el organismo anunció la deportación de 22 mujeres venezolanas. El mismo día, el presidente Juan Manuel Santos dijo que existen “problemas de invasiones en diferentes municipios, ciudades, de venezolanos que vienen y que no regresan. Ese es un problema que vamos a afrontar”.

Desde que el presidente dio la orden, cerca de 400 oficiales de Migración Colombia han participado en operativos de búsqueda en “establecimientos hoteleros, comerciales, educativos y hospitalarios, así como en las diferentes carreteras de todo el país”.

Las estrategias de vigilancia han llamado la atención de diferentes sectores, en parte porque hace un año Venezuela deportó masivamente a más de 20.000 colombianos que vivían sin papeles en el municipio de San Antonio del Táchira , acción que fue cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

De acuerdo con el director de Migración Colombia, las actividades tienen como objetivo “garantizar la seguridad no sólo de nuestros nacionales, sino también de aquellos ciudadanos extranjeros que residen en Colombia, incluso de aquellos que se encuentran de forma irregular, ya que terceros pueden estar sacando provecho de su situación y lo que buscamos es hacer respetar sus derechos y garantizar su integridad”.

¿Y las políticas migratorias?

En los últimos años, Colombia ha intentado ajustar su política migratoria teniendo en cuenta las convenciones internacionales de derechos humanos. La “Política Integral Migratoria (PIM)” fue formulada a través del documento Conpes 3603 de 2009. En el texto, el Gobierno se comprometió a cumplir con la normativa internacional. Se asegura, por ejemplo, que el Estado buscará la “ampliación de los servicios sociales para los migrantes”, algo de lo que poco se ha hablado en los casos de Turbo y Venezuela (su región fronteriza con Colombia).

María Teresa Palacios, profesora de Jurisprudencia en la Universidad del Rosario, considera que “Colombia está desconociendo la normativa internacional que tiene ratificada, pues está practicando expulsiones masivas de extranjeros y esta es una transgresión a las normas internacionales. Las expulsiones o deportaciones permitidas por el Derecho Internacional de los derechos humanos se deben hacer de manera individual y debe mediar un debido proceso, así lo dispone Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Palacios explica que la protección a los migrantes parte de un principio universal de “no devolución”, el cual “prohíbe a los Estados devolver a las personas a su país de origen o a un tercer país donde puede correr peligro su vida o su integridad personal”, como podría ser el caso de Venezuela. Además, recomienda revisar la Ley 1467 de 2011, la cual, a su juicio, es “insuficiente para atender una crisis migratoria como la actual”.

Otro riesgo de realizar deportaciones masivas en la frontera es afectar las redes sociales. Así lo explica Juan Thomas Ordóñez, PhD en Antropología Universidad de California: “Las deportaciones masivas son absurdas en zonas de frontera. Las poblaciones no entienden las fronteras de la misma manera en la que la entiende el Estado. Hay un peligro de desarticular redes sociales existentes. Debemos tener en cuenta que Colombia es un país que históricamente ha rechazado a los migrantes. Y al deportar cubanos a Ecuador, por ejemplo, el Estado simplemente se está desentendiendo de su responsabilidad con los migrantes”.

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personas han sido deportadas en lo corrido de 2016, según el Gobierno.