Cuando faltan 40 días para que finalice el contrato para la expedición de pasaportes en Colombia, el Gobierno Nacional sigue pescando en río revuelto, mientras define a qué empresa delegarle la tarea de generar los documentos a partir del 3 de octubre próximo.
Las posibles improvisaciones en el manejo del asunto quedaron al descubierto en la tarde de ayer, jueves, cuando se conoció que la Cancillería colombiana invitó a participar de una mesa técnica a la empresa Thomas Greg & Sons, la misma que, sin contratiempos, ha llevado a cabo la expedición de esas cartillas durante los últimos 17 años y que fue apartada del asunto sin argumentos técnicos, jurídicos, ni fácticos.
El Gobierno tendría múltiples intereses en llegar a buenos términos con Thomas Greg, lo que, justamente, motivó los recientes acercamientos.
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El primero tendría que ver con la presentación de una propuesta para extender el contrato al menos hasta septiembre del próximo año, asegurando así la continuidad de este servicio esencial para los colombianos que viajan al extranjero.
Fuentes dentro de Thomas Greg le confirmaron a EL COLOMBIANO que en efecto fueron llamados para participar en las reuniones que iniciarán en los próximos días con el fin de encontrar una solución.
Adicionalmente, la Cancillería evalúa la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la compañía para que retire la demanda que presentó contra el Estado colombiano. La demanda, que asciende a $117.000 millones, fue interpuesta a finales del año pasado después de que fracasara el proceso de conciliación y la licitación para la expedición de pasaportes fuera declarada desierta.
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En el pleito, Thomas Greg & Sons, alegó que fue apartada del proceso pese a ser el único proponente que cumplió con los requisitos de la licitación en medio de la convocatoria pública.
Los apresurados deseos por hacer cambios en la contratación de los pasaportes llevaron a una crisis en el 2023 y la suspensión por tres meses del entonces canciller, Álvaro Leyva. La Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario por las presuntas irregularidades en las que incurrió durante el proceso. Sus faltas fueron calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo.
El temor de que colapse o se paralice el sistema y en consecuencia haya una posible acumulación de solicitudes, represamiento de citas y demoras en la entrega, han llevado al Gobierno a entregar tibios partes de tranquilidad.
El canciller Luis Gilberto Murillo insiste en que el servicio no se verá afectado y asegura que su equipo está trabajando en los detalles para prevenir cualquier imprevisto. De ese trabajo, al que se refiere el ministro, salió un cronograma para la transición en el modelo, aunque por el momento atice la intranquilidad.
