La discusión del acuerdo de Paz con las Farc no se detiene. El presidente Juan Manuel Santos ordenó ayer el regreso de Humberto de la Calle, jefe de su delegación, a Colombia para asistir a algunas reuniones con partidarios del No en el plebiscito, entre ellos el Centro Democrático, que ya confirmó su asistencia, y para contar detalles de lo avanzado en La Habana con los jefes guerrilleros.
“El tiempo apremia porque el cese al fuego que pactamos es frágil. El pueblo tiene la razón: ¡necesitamos un nuevo acuerdo ya!”, señaló el mandatario en una declaración que dio en la Casa de Nariño.
Por eso una vez De la Calle asista a esas reuniones volverá a Cuba a un ciclo tipo cónclave, que según Santos llevará al nuevo acuerdo.
En medio de esas discusiones nuevas voces se escuchan, voces que quizá han estado silenciosas y que normalmente opinan únicamente cuando se les consulta ya que este es un asunto político del que no deben participar: ellos son los militares y policías. En Colombia hay 445.000 miembros de la Fuerza Pública.
El general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares, dijo poco antes de la firma del Acuerdo Final en Cartagena que “quien más reza por la paz es el soldado, pues es quien verdaderamente conoce las hondas heridas que deja la guerra”.
En esa declaración el comandante mostró que las Fuerzas Militares, en su conjunto, tienen el anhelo de que el conflicto armado colombiano termine, lo que no está claro es si el Acuerdo alcanzado en La Habana cumple sus perspectivas de paz.
La paz es la victoria
Aunque para las Farc no ha sido cómodo que el Gobierno y la cúpula militar sostengan que acabar con las Farc por la vía negociada sea una victoria de la Fuerza Pública, desde distintos puntos, inclusive el legal, los militares han ganado la guerra.
El presidente Santos el mismo 26 de septiembre pasado en Cartagena firmó un decreto condecorando a las Fuerzas Armadas por haber logrado la victoria.
El mandatario decretó la creación de la denominada citación presidencial de la victoria militar y la concedió por una sola vez a los hombres y mujeres tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía.
“Esto es un reconocimiento a todas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional por haber logrado ese punto de inflexión tan importante para el pueblo colombiano, como es firmar el fin del conflicto con las Farc”, señaló el general Rodríguez en ese momento.
En diálogo con EL COLOMBIANO el mayor (r) César Maldonado desde la Guarnición militar de Facatativá donde purga una condena de 27 años y 9 meses, dijo que la victoria no es un sentir exclusivo de los generales: “hasta el último soldado tiene la convicción de que ganamos la guerra”.
El mayor Maldonado, quien ahora es el director del Comité de Reconciliación que agrupa a gran número de militares y policías recluidos, aseguró que “es claro que ninguna guerrilla empoderada va a negociar su futuro con el enemigo, las Farc están en La Habana sentadas con el Gobierno porque fueron diezmadas por las Fuerzas Armadas. Tenemos claro que la firma final de los acuerdos es el triunfo de los soldados y policías de Colombia”.
¿Implementación pronta?
El cese el fuego bilateral firmado por el presidente Santos hasta el 31 de diciembre es frágil, así lo han sostenido desde ambas partes de la mesa de negociaciones, por eso tanto Santos como las Farc insisten en que debe iniciar la implementación cuanto antes.
Precisamente sobre este asunto se manifestó el general Álvaro Pico Malaver, jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, Unipep, a la salida de un evento sobre memoria histórica en la Policía.
El general dijo entonces que era necesario que se empezaran a implementar aspectos “muy valiosos” del acuerdo, como los relacionados con el narcotráfico, las acciones territoriales y rurales, el manejo de la protesta social.
Sin embargo, en conversación con EL COLOMBIANO explicó que de ninguna manera esa afirmación había sido una intervención en política sino un sentir desde el conocimiento de los acuerdos.
“Nosotros veníamos identificando en los acuerdos con las Farc qué labores le corresponde hacer a la Policía para cumplirlos, y ahí fue cuando dije que más allá de la decisión política, hay muchísima información en los acuerdos que permiten resolver las situaciones de violencia y que no se pueden desaprovechar porque son fuente para la prestación de nuestro servicio”, argumentó el general.
Y agregó que la palabra seguridad aparece más de 350 veces en el Acuerdo Final, lo que es un asunto que hay que analizar frente a los procesos actuales que tiene la Policía.
Los reparos
Acore está próximo a enviar un documento en el que señala las inquietudes al Acuerdo de La Habana.
En ese texto el general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados, expresa que hay catorce puntos que deben revisarse, especialmente en materia de justicia, narcotráfico , cultivos ilícitos, reparación de víctimas y entrega de bienes.
En uno de esos puntos llama la atención sobre “los territorios de paz o zonas de reserva campesina, de ubicación y extensión geográfica desconocida, y su coincidencia con viejas áreas de influencia donde aspiran a establecerse como territorios bajo su control, con las mismas cuadrillas y sus respectivos cabecillas, subvencionados además generosamente por el Estado, con salarios fijos mensuales y otros múltiples beneficios que no se otorgan al común de los ciudadanos”.
Así mismo, John Marulanda, coronel retirado del Ejército y hoy consultor internacional de seguridad y defensa, aclaró que “evidentemente un proceso de paz sólido va a ayudar mucho a la institución militar y a todo el país, pero todo depende de los términos en que ese acuerdo con las Farc se pacte, yo creo que ahí hay pactos desventajosos, no solo para la Fuerza Pública sino para el país en general, y se le entrega al nuevo partido de las Farc se le otorgan unas gabelas que no se le deberían brindar a ninguna organización que todavía es terrorista y que ha atentado contra el Estado, que es marxista-leninista, es decir lo opuesto al Estado de Derecho y que va por el poder”.
Entre esas “gabelas” mencionó que podrían revisar la hoja de vida de todos los funcionarios públicos, tendrían acceso a material de inteligencia del Estado, podrían proponer modificaciones a las centrales de vigilancia y seguridad privada, “estas son unas cesiones de asuntos de seguridad pública y de defensa del Estado que no se deben hacer en ninguna negociación”.
El coronel Marulanda contó, además, que enviará una carta junto a otros 13 coroneles retirados al presidente Santos para mostrar los puntos que hacen más riesgoso el acuerdo.
Alivio para militares presos
Entre las propuestas que el Centro Democrático entregó al Gobierno Nacional para modificar el acuerdo con las Farc dice que “se debe otorgar los beneficios más amplios posibles consistentes en reducción de pena, la más temprana libertad condicionada que se permita y la revisión de sentencias para rescatar el honor, que no constituya impunidad, a los miembros de la Fuerza Pública condenados o investigados, de manera independiente de lo acordado con las Farc”.
En la Jurisdicción Especial de Paz los militares podrían acceder a sanciones como restricción efectiva de la libertad por 5 años si aportaban toda la verdad y reparaban a sus víctimas.
Tania Parra Montenegro es la directora de la Fundación Fuimos Héroes, que agrupa a 6.000 militares investigados y detenidos y sus familias, y consideró que “el alivio judicial que pretende el Centro Democrático es una ley que no tiene nada que ver con el proceso de paz y que vulnera la Constitución”.
La abogada explicó que cuando se suponía que en Colombia no había conflicto armado, en la época de la seguridad democrática, los militares no podían ser investigados y condenados a la luz del Derecho Internacional Humanitario sino a la del Código Penal “como a cualquier parroquiano”.
Con un alivio militar sin el paso por la justicia transicional se volvería a incurrir en errores como en los que cayeron Guatemala y Argentina “donde se le ha ofrecido amnistía disfrazada a militares y al cabo de unos años tuvieron que anularse esas leyes y tuvieron que enfrentar procesos ante la justicia ordinaria y ante la Corte Penal Internacional”, dijo Parra.
En ese sentido, el mayor Maldonado expresó en esta materia que “lo más importante para los miembros de la Fuerza Pública encartados en procesos penales, es el blindaje jurídico: el cierre definitivo de las causas abiertas y que ninguna autoridad a futuro nos vuelva a reabrir procesos. No queremos repetir la historia de los ‘autoindultos’ que se dieron en los países del cono sur. Todos fueron tumbados posteriormente y los militares que se habían favorecido de esta figura, terminaron en la cárcel. Nos gusta el blindaje, incluso internacional, que se le esta dando a este proceso de paz”.
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