La renuncia del expresidete y ahora exsenador Álvaro Uribe Vélez a su curul en el Congreso de la República, le abriría un abanico de posibilidades para su defensa en la investigación que le adelanta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por fraude procesal y soborno a testigos.
Desde el pasado 4 de agosto, cuando la Sala de Instrucción de la CSJ ordenó la detención domiciliaria de Uribe, el exsenador y su abogado Jaime Granados han expresado a través de los medios de comunicación que el expresidente no ha tenido las garantías para su defensa y, una de ellas, era poder hacerla en libertad.
Esta condición, y la vulneración de seis derechos jurídicos (presunción de inocencia, investigación integral y objetiva, exclusión de la prueba ilícita e ilegal, derecho a interrogar los testigos del cargo, inviolabilidad de comunicaciones e imparcialidad), serían las razones por las cuales, según expertos consultados por EL COLOMBIANO, habría renunciado al Senado buscando que su investigación pasara a la Fiscalía General de la Nación al dejar de ser aforado.
En su carta de renuncia al Senado, Uribe ratificó su posición sobre el proceso de investigación adelantado en la CSJ y expresó: “La medida de aseguramiento con detención domiciliaria, con la violación de ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas, también a uno de los abogados, filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos en lugar de publicar todo el expediente, detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa a testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contra interrogar, con el magistrado que advertía de posible auto incriminación para ayudar a la contraparte a esconder mensajes, anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado...”.
Su salida del Congreso fue lamentada por el presidente de Colombia, Iván Duque, que a través de sus redes sociales manifestó: “Tuve el gran honor de trabajar con Alvaro Uribe Vélez en el Senado. Soy testigo de su amor por Colombia, su entrega por los más vulnerables y su compromiso por construir un mejor país. Con su renuncia pierde el Congreso uno de los mejores legisladores, pero su legado será imborrable”.
La decisión de Uribe de dejar su curul ocupada desde 2014, reelegido en 2018 y cuyo periodo iría hasta 2022, abrió un camino a la interpretación y, en términos de justicia, le quedarían dos vías: que la investigación sea asumida por la Fiscalía o que la Corte Suprema decida que ella continuará con el proceso judicial.
¿Asumirá la Fiscalía?
Conocida la renuncia del exsenador Uribe Vélez, abogados y expertos en la materia entraron a dilucidar esa línea gris que generó su salida del Congreso de la República.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Aníbal Gómez Gallego, considera que Uribe, al perder su investidura como senador, automáticamente el caso pasa a la Fiscalía General de la Nación, porque así lo dispone la Ley.
“El proceso contra el expresidente Uribe se encuentra en la etapa de instrucción y lo tiene la Sala de Instrucción de la Corte; al renunciar el expresidente Uribe a su curul en el Senado, quiere decir que la CSJ pierde la competencia que le daba el hecho mismo de que el fuera senador y, al perder la competencia y al encontrarse el caso en estado de instrucción, debe pasar a la Fiscalía”.
De esta manera, explica Gómez Gallego, el ente investigador podría contar para el proceso con las pruebas que ya ha adelantado la Corte, “entonces lo que seguiría es un escrito de acusación ante un juez penal de un circuito de Bogotá”.
El análisis del expresidente de la CSJ es compartido por el abogado penalista y director del Instituto de Criminalística de la Universidad Sergio Arboleda, Hernán Gonzalo Jiménez Barrero, quien agrega que además de la renuncia a la investidura de Uribe como senador, los delitos imputados podrían no tener relación alguna con su cargo como congresista, lo que sería una razón más para que el caso pase a la Fiscalía.
“Esas conductas son competencia de la justicia ordinaria. No podrían tomar como excusa que al ser senador y haber hecho una determinación para sobornar un testigo en un proceso, pueda cambiar o variar las competencias porque habría una violación fragante del proceso y del juez natural”, comenta el abogado.
Jiménez Barrero explica que, una vez el presidente del Senado (Arturo Char) le notifique a la Sala de Instrucción de la CSJ que el Congreso aceptó la renuncia de Uribe (acción que se dio ayer en plenaria con 82 votos aprobando la renuncia), la Corte Suprema deberá emitir un auto y pasar inmediatamente las diligencias al ente investigador.
“El fiscal general (Francisco Barbosa), tiene las facultades para hacer una asignación especial y, muy seguramente, un caso de esta naturaleza, tendrá que ir a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia o a la vicefiscal general para que continúe el proceso de instrucción que corresponde”, concluye Jiménez.
Frente al asunto de los delitos imputados, el abogado penalista Henry Solano Vélez argumenta: “Según el parágrafo del artículo 235 de la Constitución, si el funcionario público, que en principio goza de fuero, cesa en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá respecto de investigaciones por conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”.
Por tanto, insiste Solano, “en el caso del expresidente Uribe, una vez su renuncia sea aceptada por el Senado, y tenga conocimiento de ello la CSJ, esta debería remitir el caso a la Fiscalía, si los hechos investigados no guardan relación con su cargo de senador”.
“La CSJ deberá asumir”
El pasado 4 de agosto mediante un comunicado, la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria contra el exsenador Álvaro Uribe “como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”. En el mismo auto señaló que “las conductas imputadas al senador Uribe Vélez, por las cuales la Corte resuelve su situación jurídica, fueron presuntamente cometidas cuando se desempeñaba como congresista”.
Esta providencia es para algunos abogados consultados por EL COLOMBIANO, lo que le permitiría a la CSJ retener el proceso que se le adelanta al expresidente y exsenador Uribe Vélez y no enviarlo a la Fiscalía para que continúe en la etapa de indagación.
El abogado penalista de la Universidad Libre, Miguel González Sánchez, considera que la renuncia de Uribe tiene además un componente de honor, porque, dice el jurista, el exsenador evitó que fuera el mismo presidente del Congreso quien determinara que no podía seguir en la curul.
“La Corte debe mantener la competencia de ese proceso. Si bien, la actividad delictiva que se endilga a Uribe no fue en su labor y funciones como congresista, sí tenía fuero cuando la CSJ señala la fecha en la que supuestamente se cometieron los hechos”, dice.
Como referencia, González Sánchez menciona que un asunto parecido sucedió cuando varios congresistas relacionados con la parapolítica decidieron renunciar a sus cargos de senadores y la Corte Suprema de Justicia siguió con el proceso porque aseveró que si bien, los delitos endilgados no tenían nada que ver con sus funciones como senadores, muchos lo hicieron cuando ejercían el cargo público.
Rubén Darío Acosta, abogado penalista y director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos, CESJUL, considera que la Corte Suprema de Justicia continuará con el caso porque “el delito se cometió mientras el era congresista; además, hizo uso de su UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) que se extralimitó y realizó funciones que no le correspondían, pero no por decisión propia, sino por orden del propio exsenador. Al él dar órdenes a sus subordinados como congresista, está vinculando el ejercicio del cargo a la presunta actividad delictiva”.
Acosta señala que con esta decisión Uribe busca adelantarse a una etapa que aún no ha llegado en el proceso de la CSJ, la cual está relacionada con las garantías que ha pedido, como que su defensa pueda interrogar a los testigos.
“Uribe ha tenido las garantías, lo que pasa es que la gente desconoce el procedimiento de la Ley 600 y todavía no se ha agotado la etapa donde él debe presentar pruebas. Ha hecho uso de tratar de presentar algunos testimonios y algunas pruebas, pero eso hace parte de la etapa de indagación, pero la Corte no ha decidido si decide hacer juzgamiento o si decide cerrar la investigación”, precisa Acosta.
César Augusto Molina-Saldarriaga, docente e investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana, indica que la misma Corte Suprema en auto 31653 del 1 de septiembre de 2009 estableció que la renuncia de un congresista a su investidura no lo sustrae de la competencia. “A pesar de la renuncia al fuero, es necesario demostrar que el delito por el que se le investiga y eventualmente se acusará y juzgará a Uribe, está relacionado con el ejercicio de sus funciones”.
El docente señala que no se debe desconocer que en cualquier caso es necesario tener siempre presente los principios de presunción de inocencia -que deben respetarse por cualquier autoridad que tenga competencia en el caso- y de independencia y autonomía del poder judicial, en virtud del cual debe presumirse que sus decisiones son imparciales y en derecho.
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días han pasado desde que la Corte Suprema ordenó la detención preventiva de Uribe.
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