Un nuevo escándalo salpica a la Fiscalía. Una investigación del medio Cambio aseguró que el fiscal general Francisco Barbosa tendría dos operarias de aseo y cafetería –como es el nombre del cargo– contratadas por la entidad y pagadas con recursos públicos haciendo tareas de limpieza en la vivienda del directivo.
La pesquisa periodística encontró que dos empleadas del despacho, quienes son subcontratadas a través de la compañía UT Soloaseo-Eminser, estarían designadas a la residencia de personal de Barbosa, una edificación que no es una sede pública del ente acusador.
Sin embargo, esa institución desmintió la denuncia asegurando que “la Fiscalía General de la Nación no ha contratado ni pagado con recursos públicos, ningún bien o servicio para uso personal del señor Fiscal General de la Nación o su núcleo familiar incluyendo ningún servicio de aseo para su residencia familiar”.
Esa afirmación fue publicada en un comunicado en el que agregaron que “es falsa cualquier información que señale que se han usado recursos públicos para atender gastos personales del Fiscal General de la Nación o de su núcleo familiar, atentando contra su derecho fundamental al buen nombre, y sólo pretende debilitar y afectar el buen funcionamiento de instituciones como la Fiscalía General de la Nación que día a día presenta al país resultados contra la criminalidad que afecta a nuestros ciudadanos.”
No obstante, el medio de comunicación reveló un documento titulado “Personal de Despacho 2022” que contiene el catálogo de contratistas y funcionarios que colaboran para la oficina del fiscal Barbosa. En este hay dos mujeres designadas a trabajar en la “Casa” del jefe del ente acusador.
Las otras seis personas que aparecen en ese listado tienen una ubicación para realizar esas labores designada como “cafetería”. Incluso, esa investigación indica que los conductores de los vehículos de seguridad estarían transportando a las dos empleadas hasta la “casa” de Barbosa.
La Fiscalía se defendió de esos señalamientos apuntando que “revisados los archivos de correspondencia de la entidad no hay registro de ninguna comunicación que se haya radicado con relación a quejas o manifestaciones en el sentido indicado en el artículo público”.
