Fecode anunció paro permanente a partir de este miércoles 12 de junio como protesta a la enmienda a la ley estatutaria de la reforma la educación en el Congreso.
Hay expectativa en el país por el anuncio de paro permanente por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), a partir de este miércoles 12 de junio. El sindicato saldrá a las calles como protesta por los cambios en el texto de conciliación de la ley estatutaria que reforma la educación en el país.
Advierten que la enmienda a la reforma y que pasó a discusión en el Senado, tergiversó la esencia de lo que se construyó y discutió en la Cámara de Representantes. Aseguran, además, que cómo está hoy formulada la ley, los estudiantes de Colombia dejarían de gozar su derecho fundamental a la educación.
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Ahora, según el cronograma del cese de actividades, este miércoles los maestros saldrán a marchar. El jueves y viernes estarán en asambleas en los diferentes municipios del país con las comunidades y líderes. Posteriormente, el lunes 17 de junio habrá una gran toma de maestros en Bogotá a la que se sumarán otros sectores.
Martha Alfonso, secretaria de relaciones internacionales de Fecode y vocera del paro permanente, entregó detalles de la jornada que se estima, irá hasta el 20 de junio.
¿Cuáles son las principales razones para convocar a este paro el día de mañana?
Bueno, nosotros apostamos a que se tramitara una ley estatutaria de educación que garantizara esta como derecho fundamental y bien común. En este sentido, se hizo todo un trabajo en la Cámara con muchos sectores, se consensuaron muchísimos puntos, no solo estábamos los de Fecode, sino de todos los sectores, pero cuando llega al Senado viene una discusión, se presentan varias propuestas de otros sectores y al final termina en una conciliación, conciliación que desdibujó y desvirtuó la esencia de una ley estatutaria que buscaba garantizar el derecho a la educación.
¿Por qué deja de garantizar el derecho a la educación esta ley?
cuando nosotros hablamos de ley estatutaria, se trata de mantener el derecho fundamental y quién debe garantizarlo es el Estado. Esta ley estatutaria, como queda con la enmienda que se hizo el 5 de junio, desdibuja el papel del Estado en términos de garante y lo deja de una manera híbrida, mixta, que la transversa desde preescolar hasta la universitaria y abre la puerta a que los recursos públicos sean utilizados de igual manera para los privados.
¿Cómo quedaría entonces la educación pública?
Para nosotros es un problema que hemos debatido, combatido y que hemos luchado durante muchos años en la calle para que se mantenga la educación pública financiada por el Estado. Esto no significa que no haya educación privada, sino que los privados tienen unas apuestas y tienen unos recursos que son diferentes y que la obligación del Estado es garantizar el derecho. Y al dejarla de esta manera, pues en últimas tergiversa el sentido central y ya todos los otros puntos que se plantean van en esta dinámica.
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Denos un ejemplo más claro de lo que pasaría...
El derecho fundamental a la educación debe ser administrado por el Estado, financiado, es tan simple como decir que los dineros públicos deben ir a lo público, por darte un ejemplo, el programa Ser Pilo Paga, se concentró en un determinado número de estudiantes y sustrajo los recursos de la educación pública y terminaron en privadas y eso sucede en muchos más casos.
¿Por qué más van a paro?
Otro punto que hemos planteado que es bastante complejo es el debate de incluir las pruebas de evaluación a docentes, las pruebas estandarizadas dentro de la evaluación docente. Quiero aclarar que el Magisterio tiene en Colombia, todos los que nos vinculamos incluyéndome después del 2001, tenemos un sistema de evaluación bastante complejo. Hoy hay 50.000 maestros que están en periodo de prueba después de una selección rigurosa de pruebas, de exámenes, de inscritos, psicotécnicas, entrevistas, que tienen que superar el periodo de prueba para entrar en carrera y después tendrán que hacer evaluaciones de desempeño todos los años, que si no se superan, pues nos desvinculan y son unas evaluaciones que tienen bastante contenido denso, que incluso ha generado acoso y que nosotros estamos debatiendo si esta evaluación realmente está sirviendo a transformar las prácticas.
¿Es la misma prueba para los docentes que aspiran a un ascenso?
No, para el ascenso nosotros tenemos otra evaluación que en este momento se abrió después de cinco años, que estuvo congelada, una evaluación para reconocer los títulos de maestría y doctorado, que tenemos que superar sobre 80 puntos y que hay 106.000 maestros inscritos para esta prueba.
En ese orden de ideas, ¿no es cierto entonces que estén pidiendo eliminar la evaluación?
Pusimos el tema de la evaluación a debate para cambiar muchas cosas que pasan en las instituciones, precisamente para que la educación cumpla un proceso, y hoy nos meten unas pruebas que no dicen nada, solo emiten un resultado y no un proceso, cuando la escuela es más allá. Uno no puede comparar la escuela pública con el colegio San Ignacio, porque la escuela pública está ubicada en los contextos más complicados de la sociedad, tanto en lo urbano como en lo rural. Y eso significa que muchos estudiantes no pueden alcanzar resultados altos, pero no en la generalidad debido a muchas situaciones que se presentan. Entonces, poner esto como un factor desdice mucho del objetivo real de la educación, más en un país tan desigual y con tan profundos conflictos sociales.
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¿Y en la práctica, cómo afecta a los estudiantes la ley?
Nosotros entendemos el derecho a la educación de una manera integral, con recursos y condiciones, que era el objetivo de la ley estatutaria. En últimas, lo que aquí va pasar es que se convierte la educación en un negocio, y pues los negocios en este país han mostrado que tienen una ganancia y que esos dineros públicos son nuestros impuestos que deben de dirigirse precisamente a lo social y a las soluciones de los países.
Ustedes habían advertido que esta reforma significa un retroceso en la educación del país. ¿Por qué?
La regresividad es básicamente que en vez de garantizar un derecho fundamental que corresponde al Estado, se diluye y queda igual, como si los privados pudieran garantizar un derecho fundamental y realmente lo que está haciendo la fuerza es al negocio y no al derecho.
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¿Tienen estimado de cuántas instituciones o planteles se verían afectados con esta reforma?
Toda la educación pública del país, no solo la educación preescolar básica y media, sino es el futuro de las generaciones, pero también está el SENA, también están las universidades públicas, absolutamente todo el mundo está discutiendo y eso dice que va a sumar y la gente va a salir a las calles porque nosotros consideramos que no puede ser que en una lucha por cambiar la educación para que sea una ley estatutaria que nos favorezca, pase lo contrario, que hoy tengamos una ley en contra que revierte y derrumba la educación.
¿Les sorprende a ustedes como sindicato la postura de este Gobierno, al que ustedes apoyaron, en esta reforma?
No, nos sorprende. Si usted lee en el Twitter del presidente, él es claro que la reforma va a responder a lo programático y esta reforma precisamente no corresponde al planteamiento que se ha hecho como programa.
¿Qué va pasar este martes, en medio de la discusión?
Aquí estamos reunidos con muchos senadores que no van a respaldar esta enmienda porque creo que en medio del afán de sacar una reforma, se cedieron puntos que eran como las líneas rojas, como decimos, que no se podían ceder. Por ahora mañana saldremos a movilizarnos y vamos a mantener la movilidad porque el Senado también tiene que escuchar al constituyente primario que es el pueblo en este caso, el pueblo que se moviliza en torno a la educación.
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¿Hasta cuándo irá el paro?
Pues como hay unas fechas, por eso lo llamamos paro permanente, tenemos actividades planeadas en este momento hasta el 20 de este mes porque el trámite en el Senado está desde el 18 al 20. Ya veremos qué pasa para seguir evaluando e informando qué decisión tomamos.
