Cuando el país y gran parte del mundo están atemorizados ante la posible escasez de alimento a causa de la pandemia por coronavirus, las familias que hace varios años fueron víctimas del conflicto y que fueron restituidas en sus predios, siguen trabajando para garantizar el abastecimiento de los productos de primera necesidad y así asegurar su sustento.
Durante la vigencia de la Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha invertido más de $128.000 millones para la implementación de 4.448 proyectos productivos, que benefician a igual número de familias campesinas afectadas por el despojo y el desplazamiento forzado. Y precisamente los productos que salen de esos predios restituidos llegan a diario a la mesa de miles de colombianos, e incluso, a mesas de otros países.
“La restitución no es únicamente devolver la tierra sino que tenemos la obligación legal y el compromiso de contribuir a la generación de ingresos de nuestros beneficiarios, para que se conviertan en empresarios del campo”, aseguró Marcela Morales, subdirectora nacional de la URT.
Y agregó: “la restitución no puede parar, y menos podemos dejar solos a los beneficiarios de proyectos productivos”, y explicó que para ello dispusieron que los enlaces municipales los asesoren vía telefónica y les den tips de autocuidado, de protección y buenas prácticas que deben tener en los cultivos para prevenir la propagación del covid-19.
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