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Incumplir órdenes de la Corte es desacato: procurador al Gobierno

  • Imagen de protesta de 2019. Procuraduría pidió que el Gobierno acate fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre exceso de fuerza en las manifestaciones. FOTO: COLPRENSA
    Imagen de protesta de 2019. Procuraduría pidió que el Gobierno acate fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre exceso de fuerza en las manifestaciones. FOTO: COLPRENSA
24 de septiembre de 2020
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La Procuraduría General anunció que convocará mesas de trabajo para expedir en 30 días los protocolos, planes de acción y cambios ordenados por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Todas estas, directrices del fallo que ordena suspensión de la escopeta calibre 12 del Esmad y que el Ministerio de Defensa pida excusas por los excesos de ese escuadrón en el marco del Paro Nacional del 2019.

Para el procurador Fernando Carrillo Flórez, las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse, así no se compartan. Ese principio, dice, es la base de un Estado de derecho democrático, especialmente cuando se trata de entidades y servidores públicos.

“Las autoridades pueden solicitar a la Corte Constitucional la selección de una tutela para que el alto tribunal revise las disposiciones impartidas, pero ello no las exonera del cumplimiento de la decisión que busca proteger derechos fundamentales. Incumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia es incurrir en desacato”, aseguró el jefe del Ministerio Público.

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Bajo ese entendido, la Procuraduría cumplirá lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia y exhorta a las demás autoridades incluidas en la providencia a acatar la orden impartida en el fallo de tutela.

“En consecuencia, convocará mesas de trabajo para expedir, en 30 días, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, un protocolo que permita a los ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en caso de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de meeting, reunión o cualquier acto de protesta”, aseguró Carrillo.

El procurador también dijo que espera acompañar las mesas de trabajo que debe convocar el Gobierno para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas. Reiteró, además, que el Ministerio Público avanza en el proceso disciplinario por los hechos que motivaron la acción de tutela y en las próximas semanas informará a la ciudadanía de nuevas decisiones.

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Las declaraciones de Fernando Carrillo se dan a raíz de la sentencia 7641 de 2020, emitada el pasado 22 de septiembre (martes) por la Corte Suprema de Justicia a raíz de una tutela sobre los presuntos excesos del Esmad y el Goes en las manifestaciones del Paro Nacional.

Sobre esta, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo respondió el pasado miércoles que “la fuerza pública cuenta con protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los Derechos Humanos, para proteger la vida, derechos y libertades, la integridad, bienes y honra de los residentes en Colombia. Estos incluyen los derechos de las personas que participan en las manifestaciones públicas y pacíficas, así como los de quienes no lo hacen”.

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