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Diez exintengrantes del Comando Conjunto Central de las extintas Farc reconocieron su responsabilidad en los delitos de lesa humanidad imputados por la Sala de Reconocimiento de la JEP el pasado mes de julio. Sin embargo, negaron todo tipo de responsabilidad en lo relacionado a la esclavitud a la que al parecer sometían a los secuestrados.
A través de un escrito de más de doscientas páginas enviado a la JEP, los excombatientes aseguraron que “reconocemos todos nuestra participación y nuestra responsabilidad en la toma de rehenes y crímenes concurrentes cometidos durante el tiempo que operamos como Comando Conjunto Central en el departamento del Tolima, así como en varios municipios del Huila y del Quindío”.
En ese mismo documento, los exguerrilleros negaron que hubieran tratado bajo esclavitud a las personas “en cautiverio”. Además, argumentaron que no tuvieron ni siquiera la intención de tratar a los secuestrados como personas de su propiedad.
Y en esa línea se mantuvo la defensa de los excombatientes, quienes aseguraron que la imputación por el delito de esclavitud fue “incompleta”. “Es necesario probar que el compareciente, al perpetrar la conducta, tenía conocimiento de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil y que además conocía el hecho de que se estaban tratando a los secuestrados como propiedad, cosificándolos y obligándolos a realizar determinados trabajos”, señaló la defensa.
La Sala de Reconocimiento, por su parte, anunció que “evaluará el documento de reconocimiento”. En ese sentido, determinará qué sigue en el proceso, que se adelanta dentro del macrocaso 01, que investiga secuestros cometidos por parte de las entonces Farc, además de otros crímenes asociados con la retención ilegal, como la tortura o la esclavitud.
Luego de examinar si la aceptación de los exFarc cumple con los requisitos establecidos en la Jurisdicción, la Sala decidirá si convoca a una audiencia de reconocimiento y, después, si envía los expedientes al Tribunal para la Paz para que imponga sanciones propias. En el proceso, las víctimas y el Ministerio Público expondrán ante la JEP sus reparos.
El reconocimiento de responsabilidad de los exintegrantes del Comando Central responde a la primera imputación regional que realizó la Jurisdicción Especial, que ocurrió en julio de este año. Varias organizaciones de víctimas, como contestación, también le enviaron escritos a la JEP al respecto.
La Sala de Reconocimiento verificó que “existen bases suficientes para establecer que el Comando Conjunto Central cometió los crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos”.
Además, se pudo establecer que el Comando Conjunto adoptó la política de financiamiento a través de los secuestros. Así, la Comisión Financiera Manuelita Sáenz logró crear un “sofisticado sistema de extorsión por medio de ‘nóminas’ de extorsión enfocado en sectores de la región: transporte, café, petrolero, contratación y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina, identificando personas y empresas que debían aportar una tasa o ser secuestrados como penalidad”.
Los comparecientes imputados que aceptaron su responsabilidad fueron: Luis Eduardo Rayo, ‘Marlon’; Enoc Capera Trujillo, ‘Giovanni’; Jhon Jairo Oliveros Grisales, ‘Armando Pipas’; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, ‘Gonzalo’; Édgar Ramírez Medina, ‘Onofre Camargo’; Víctor Hugo Silva, ‘Erick’ o ‘El Chivo’; Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña’; Wilson Ramírez Guzmán, ‘Teófilo’; Álvaro Henner López, ‘J.J’ o ‘Jhon Jairo Paz Guevara’; y Gustavo Bocanegra Ortegón, ‘Donald’.