La representante Jénnifer Pedraza sorprendió al país al lograr, a sus cortos 27 años de edad, que el Consejo de Estado bajara de su cargo al contralor general Carlos Hernán Rodríguez, gracias a una demanda suya con la que se comprobó que el Congreso incurrió en vicios de trámite durante el proceso para elegirlo.
Esta líder estudiantil, que llegó al Congreso en 2022, habló con EL COLOMBIANO sobre los detalles de la demanda que tumbó a Rodríguez; aseguró que decidió ser independiente porque no comparte las alianza del presidente Gustavo Petro con políticos como Julián Bedoya, Daniel Quintero y Carlos Andrés Trujillo; y planteó que las reformas del Gobierno no recogen las banderas del movimiento social.
Además celebró que la Comisión Sexta de la Cámara haya aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca un nuevo modelo de financiación para las universidades públicas.
La congresista explicó que la iniciativa busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que “congelaron en términos reales el presupuesto a las universidades públicas hace 30 años”, y detalló que se le ha pedido al Gobierno que el presupuesto de las ‘U’ aumente $500.000 millones al año.
Usted es una líder joven y nueva en el Congreso, ¿cómo se ha sentido en este escenario?
“Mi edad no ha impedido que mi voz tenga eco en el Congreso y eso quedó claro, por ejemplo, durante la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2024 en el que logramos que el Gobierno financie la construcción del edificio de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional que se demolió en 2012. Además, estamos concretando las banderas del movimiento estudiantil en un proyecto para reformar la Ley 30, con el que buscamos resolver el desfinanciamiento estructural de la educación superior pública que asciende a $18 billones”.
Su partido es alternativo, pero decidió apartarse de la coalición de gobierno, ¿por qué?
“Nos declaramos en independencia por un asunto de ética. La principal diferencia que tenemos con el Gobierno es su claro vínculo con la clase política tradicional. El presidente Gustavo Petro ha hecho pactos con políticos cuestionados como Julián Bedoya y Carlos Andrés Trujillo para pasar sus reformas. Además se alía y defiende a personas como Daniel Quintero, que para mí ha sido uno de los peores alcaldes que ha tenido Medellín. Colombia se merece un cambio apartado de la corrupción y de esa clase política clientelista”.
Hablemos de su demanda que tumbó la elección del contralor. ¿Qué la motivó a instaurarla?
“Como soy la única congresista de Dignidad y Compromiso, Roy Barreras tuvo que citarme a la comisión accidental que se creó para definir la lista de elegibles y evidencié que cometieron una ilegalidad y por eso demandé. Decidí levantarme de esa comisión, pero ellos siguieron como si nada con un proceso que estaba viciado. Opté por demandar y solo me acompañó Cristian Avendaño, de la Alianza Verde”.
¿Y cuál fue ese acto ilegal que usted evidenció desde adentro?
“Los presidentes del Senado y la Cámara, Roy Barreras y David Racero, citaron a la comisión y esta entrevistó a los candidatos. La comisión puntuó esa entrevista, lo que es lo que es ilegal, y por esos puntos Carlos Hernán Rodríguez logró ascender del tercer puesto al primero de la lista. Barreras y Racero argumentaron que obedecieron a dos fallos judiciales para crear una segunda y tercera lista, eso fue ilegal. Los fallos ordenaban que se cumpliera la paridad y el mérito, o sea que había que enmendar la primera lista para cumplir esos criterios, pero Barreras utilizó esos fallos para crear una tercera lista sin motivos”.
En ese contexto, ¿usted cree que hay congresistas que han incurrido en prevaricato?
“Sí. En la comisión accidental advertí que Barreras y Racero querían hacernos prevaricar para ponernos a votar en un trámite que estaba viciado, violando la Constitución y la ley. Por eso Barreras, quien es la persona que más mal me ha tratado en el Congreso, me mandó a su equipo de abogados a decirme que mejor leyera la Constitución. El tiempo finalmente me dio la razón”.
Ante ese escenario, ¿cree que desde la Casa de Nariño se intentan saltar las instituciones?
“Hay una injerencia clara del Gobierno sobre las otras ramas del poder. Creo que esa es una herencia que tenemos incluso de los anteriores gobiernos. Por ejemplo, en los debates uno ve que llega el ministro del Interior y se sale por 20 minutos de la sesión con ciertas bancadas. Y cuando vuelven, automáticamente todos ellos votan positivo. El tema de fondo es que se supone que este es el gobierno del cambio y sigue con las mismas prácticas del pasado”.
¿Y cree que también busca injerencia sobre la Rama Judicial con lo que pasó con el fiscal?
“Sí. El presidente no puede decir que es el jefe del fiscal Francisco Barbosa. Aunque él no me parece un buen fiscal general de la Nación, fui una de las que se pronunció en su momento para rechazar esa declaración que hizo Petro”.
¿Está de acuerdo con que el presidente convoque a movilizarse para defender sus reformas?
“Estoy segura de que las movilizaciones son una herramienta importante en nuestra democracia. No comparto esa estigmatización hacia la movilización social porque de ahí vengo yo. Pero creo que el debate de fondo debería ser si esas reformas recogen las banderas del movimiento social. En lo personal yo creo que varias de ellas no lo hacen”.
¿A cuáles reformas se refiere?
“En la reforma a la Salud la infraestructura que se plantea para suplir a las EPS no es suficiente, hay muchas dudas y al final la reforma está quedando como una colcha de retazos. En cuanto a la pensional no estoy de acuerdo con que el Congreso quiera bajar el umbral de tres salarios mínimos”.
