Uno de los capítulos más relevantes de presunta financiación a paramilitares, a través de la llamada “Casa Castaño”, acaba de dar un nuevo paso por cuenta de la justicia. Se trata de la bananera Chiquita Brands, la cual habría contribuido a financiar a ‘paras’ entre 1997 y 2004.
La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Antioquia dejó en firme los juicios que se les adelantan a 10 empresarios de esa firma, y a sus filiales en este país: Colombia C.I. Banadex y C.I Banacol.
El tribunal negó las pretensiones que tenían los abogados defensores, quienes pidieron que se les anulara los procesos a sus defendidos. Según ellos, existen los suficientes argumentos jurídicos para que se eche para atrás el expediente que se les sigue por presuntamente financiar a grupos paramilitares que operaron en el Urabá y en Córdoba.
Los nombres de los empresarios aparecen en el escrito de 24 páginas del Tribunal Superior. Se trata de Reinaldo Elías Escobar de La Hoz, Javier Ochoa Velásquez, Víctor Manuel Henriquez, Jorge Alberto Cadavid, José Luis Valverde, Víctor Julio Buitrago, Faud Alberto Gaicoman, Álvaro Acevedo y John Paul Olivo y Charles Dennis Keiser.
A todos ellos los llamó hace tres años la Fiscalía a responder por el delito de concierto para delinquir agravado.
Y es que de acuerdo a los hechos relacionados, el gerente general, el asesor jurídico y el jefe de seguridad (en compañía de otros trabajadores) se habrían reunido en Medellín para concertar con la ‘Casa Castaño’ un descuento de dinero correspondiente a tres centavos de dólar por caja de banano exportada, deducción que se hacía semanalmente en cada comercializadora. El dinero era consignado, se lee en el documento, a cuentas bancarias de las entonces Convivir.
El propósito de este acuerdo era que los paramilitares combatieran la presencia que tenían por esos años guerrilleros en el Urabá antioqueño. Esto se tradujo, exponen los hechos, en un fortalecimiento clave para lo que se consolidó durante casi una década en las Autodefensas Unidas de Colombia.
La defensa de los vinculados al proceso sostuvieron una serie de solicitudes en las que expusieron que se violó el debido proceso, se calificaron delitos injustamente y se debían revisar bien las pruebas que encontró la Fiscalía.
Esas peticiones fueron valoradas en mayo de este año por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, el cual las desestimó al encontrar que no hubo alguna irregularidad sustancial.
Esa decisión fue impugnada y finalmente pasó al Tribunal Superior de Antioquia, el cual revisó el recurso solicitado y finalmente confirmó el auto que profirió el Juzgado Quinto, negando así la solicitud de nulidad de un proceso que seguirá abierto en contra de los empresarios que habrían gestado la financiación.
Por este caso, la Fiscalía solicitó en 2018 investigar a los gobernadores de Antioquia que durante esos años estuvieron en el poder y pudieron haber permitido la organización criminal de las Convivir. Uno de ellos es Álvaro Uribe Vélez, quien en reiteradas ocasiones dijo que no tuvo omisiones frente al caso. De hecho, aclaró que denunció más de 90 denuncias.
