El seguimiento policial a un cargamento de tres toneladas de cocaína destapó una red de corrupción enquistada dentro de una importante empresa bananera de Urabá, que a escondidas de los jefes contaminaba los contenedores con la droga del cartel narcotraficante Clan del Golfo.
La investigación, conocida en exclusiva por EL COLOMBIANO, comenzó cuando un informante alertó a la Armada Nacional sobre un alijo de cocaína en la zona portuaria de Cartagena, el 27 de diciembre de 2022.
Los uniformados registraron un contenedor que había zarpado 10 días antes desde el corregimiento Zungo Embarcadero, en Carepa, Antioquia, y cuyo destino final era Algeciras, en la costa mediterránea de España.
Camuflados en cajas de plátano, encontraron varios paquetes rectangulares del alcaloide, marcados con el logotipo BMW 2022. En total había 3.000 kilos del estupefaciente, que según las autoridades pertenecían al frente Carlos Vásquez del Clan del Golfo.
El hallazgo produjo consternación en la Dirección Antinarcóticos de la Policía, porque ese mismo contenedor ya había sido inspeccionado por sus funcionarios en el embarcadero de Carepa, sin detectar nada extraño. ¿Qué pasó entonces?
Tácticas de distracción
El cargamento de plátano había sido despachado por Unibán, una de las empresas líderes del mercado en la exportación de banano y plátano.
Con apoyo de sus directivos, los agentes de la Dirección Antinarcóticos investigaron el área de acopio de los contenedores, detectando varios movimientos inusuales.
En la tarde del 16 de diciembre anterior, el perro policía mostró un comportamiento errático. Rastreaba varios lugares del puerto y dio la señal de olfateo positivo más de una vez, lo que obligó a los patrulleros y al personal portuario a revisar varios contenedores, sin encontrar nada.
Los investigadores creen que los traficantes impregnaron varias superficies a propósito, para confundir al canino y a los policías del turno. “Es una forma de despistar, para poder mover la droga por otro lado”, contó uno de ellos.
La inspección al contenedor de plátanos terminó a las 10:00 p.m., sin novedades, y los uniformados le pusieron los respectivos sellos de verificación en las puertas, los cuales están hechos de papel adhesivo.
Según el protocolo, dicho contenedor debía ser transportado a la zona de despacho para embarcarlo, pero fue desviado en el camino.
Los empleados y contratistas presuntamente involucrados en el ilícito lo trasladaron al patio de mantenimiento, donde estuvo cuatro horas, sin que esto fuera reportado en la planilla de seguimiento.
“Ellos hicieron lo que se conoce como ‘nido’: rodean ese contenedor, poniendo otros alrededor, y así bloquean la visibilidad para poder hacer su trabajo”, reveló la fuente.
Las cámaras de seguridad también fueron obstruidas con vehículos montacargas, según la Policía.
Acto seguido, rompieron los sellos de la Dirección Antinarcóticos, sacaron varias cajas de fruta y las reemplazaron con las que estaban contaminadas de droga.
Al terminar el procedimiento pegaron otros sellos falsificados y a las 2:00 a.m. condujeron el contenedor a la zona de embarque, sin alertar a los supervisores de la irregularidad. Al despuntar el sol, el barco partió rumbo a su primera escala en Cartagena.
Ritual de santería
Los investigadores revisaron los videos de seguridad durante tres días, hasta que encontraron una pista crucial. Una de las cámaras no quedó obstruida del todo, y en el costado izquierdo se apreciaba el movimiento de varias personas en torno al contenedor.
Así inició el proceso de identificación, vigilancia y seguimiento, que el pasado 8 de marzo terminó con la captura de nueve contratistas y trabajadores de Unibán.
En Medellín fue detenido Cristian Andrés Holguín Trujillo, señalado de dirigir la operación ilegal. Los demás fueron arrestados en Carepa.
La lista sigue con el coordinador logístico Luis Fernando Granja Vallejo; el supervisor de patio Martín Quijano Beltrán; los operadores de equipo de carga, Yeison Andrés Santana Tuberquia, John Jairo Chaverra Mena y Andrés Antonio Acevedo Escobar.
También apresaron a dos técnicos en electricidad y refrigeración de contenedores, Joel Bernal Valencia y Duver Erney Ramírez Vidal; así como al vigilante Hernán Darío Moreno Gamboa.
A todos los recluyeron en la estación de Policía de Apartado, y desde allí se conectaron de forma virtual a las audiencias de control de garantías ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Cartagena.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó el cargo de tráfico de estupefacientes agravado, pero ellos se declararon inocentes.
Lo más extraño ocurrió antes de empezar la diligencia de medida de aseguramiento. “Varios de los detenidos aparecieron con camisetas rojas. Cuando les preguntamos el motivo, dijeron que se trataba de un ritual de santería, para evitar que los mandaran a la cárcel”, narró un investigador.
Aunque los policías no creían en esas prácticas espirituales, el fiscal manifestó que tenía dolor de garganta.
Para rematar, el juez Anuar Menco Nemos suspendió la audiencia 20 días, alegando que tenía varios compensatorios de descanso atrasados.
Al retomar la diligencia, el 31 de marzo, tomó una decisión que dejó perplejos a los policías: les concedió el beneficio de detención domiciliaria a los capturados. “Parece que la santería les funcionó”, exclamó amargamente uno de los uniformados.
Amenazas
El caso también se ha ido enrareciendo por las amenazas. El primer intimidado fue un testigo de la Fiscalía, quien tuvo que ser reubicado por seguridad.
Luego llegaron amenazas contra algunos de los procesados, al parecer de parte del Clan del Golfo. El cartel les está pagando el abogado a algunos de ellos, a cambio de que no hagan delaciones en las audiencias, de acuerdo con los investigadores.
Los procesados ya están en sus respectivos domicilios, a la espera del desenlace del proceso penal.
Aunque no están presos, la Dirección Antinarcóticos considera que le propinó un duro golpe a la organización narcotraficante, al desenmascarar a la célula que le ayuda a despachar la cocaína en los contenedores de Carepa.
“Llevábamos 14 meses sin incautar nada en Zungo Embarcadero, y dos días después de esta operación cogimos 1.700 kilos de cocaína”, precisó una de las fuentes.
La operación dejó también al descubierto la precaria situación de seguridad en uno de los puertos más importantes de Urabá, por donde se exportan múltiples toneladas de frutas al año. Escasa vigilancia, falta de escáneres y cámaras con tecnología obsoleta, según la Policía, facilitan la conspiración de los traficantes.
