Una serie de dudas expresaron varias empresas del país a la Registraduría Nacional del Estado Civil por los pliegos de condiciones del proceso de contratación SA 03 de 2020 - RNEC para operar las elecciones a los Consejos Municipales de Juventud (CMJ), que asigna un presupuesto público estimado de 119.692 millones de pesos.
En comunicaciones individuales enviadas a la Registraduría, las compañías Cadena S.A. y Linktic, que participan en la convocatoria, presentaron observaciones en al menos seis puntos de los pliegos. Advierten que algunas de las condiciones podrían estar diseñadas para favorecer a los oferentes Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S., Indra, Thomas Greg & Sons Limited (Guernesey) S.A., y Grupo ASD, que ya han sido contratistas de la autoridad electoral en otras oportunidades.
Además, señalan las compañías, la Registraduría presuntamente estaría violando el Régimen de Contratación Pública y el criterio de selección objetiva.
Una de las particularidades que llama la atención es que la modalidad seleccionada por la autoridad electoral para la contratación sea la selección abreviada de menor cuantía, es decir, un proceso simplificado que no exige cumplir todos los requisitos de las licitaciones públicas. Para ello, la Registraduría afirmó en el aviso de la convocatoria que los bienes y servicios a contratar se requieren “para la defensa y seguridad nacional”, cuando en realidad servirán a un mecanismo de participación democrática.
Lea también: Gobernador exige a Registraduría asignar recursos para consulta del Oriente
Si bien el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha admitido que el concepto de “seguridad nacional” es ambiguo y de amplia aplicación, “debe analizarse caso por caso” para determinar si el proceso contractual “guarda relación y conexidad” con la defensa y seguridad. Ese mismo tribunal ha definido que por regla general debe aplicarse la modalidad de licitación pública.
En segundo lugar, los oferentes se preguntan por qué tanto en el aviso de convocatoria, como en el pliego de condiciones, se establece que “podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas en Colombia”, sin embargo, no se permita acreditar experiencia en la operación de eventos electorales celebrados en el extranjero.
“El pliego siembra serias dudas acerca de la objetividad y transparencia del proceso por cuanto exige acreditar una múltiple experiencia en los últimos ocho años y a eventos electorales celebrados en Colombia, cuando es de conocimiento público que en ese lapso en el territorio nacional ha habido muy pocos, por no decir, solo un contratista que cumpla con dichos requisitos”, se lee en el documento enviado por Linktic.
En ese orden de ideas, en las observaciones presentadas por Cadena S.A., se deduce que el contratista que ha prestado sus servicios a la Registraduría en el tiempo estipulado es la unión temporal que han conformado Carvajal, Indra, Grupo ASD y Thomas Greg & Sons en licitaciones anteriores. Pero además, es motivo de suspicacia que estas empresas “son las mismas que fueron invitadas a presentar cotización para el estudio de mercado”.
Conozca más: Cédula digital y otros planes para modernizar la Registraduría
Ante la invitación de la Registraduría, las mencionadas empresas presentaron para el estudio de mercado una única cotización conjunta, lo que a criterio de Cadena S.A. permite “identificar la agregación de los diferentes partícipes del mercado para definir los precios y da muestras de la intención que tendrán en presentar propuesta de manera conjunta en el presente proceso”. Es decir, habría existido un único referente para la definición de los topes económicos.
Así quedó registrado en el formato de documentos previos para la licitación, emitido por la Registraduría.
“Dentro del estudio de mercado no se presentan las cifras de cada una de las compañías a las cuales se les solicitó información, el análisis se reduce a un cuadro general sin poder determinar cual compañía y cuál valor, de tal suerte, es un estudio de mercado con información fraccionada y no constituye un estudio previo que cumpla con los parámetros establecidos en el Decreto 1082 de 2015”, añade al respecto Linktic.
En respuesta a estas observaciones, la Registraduría emitió en el sistema Secop II una adenda el pasado 8 de mayo, que modifica el calendario de la convocatoria. Como razón de dichos cambios se lee: “La Registraduria Nacional se permite realizar la modificación del cronograma del proceso SA 03 de 2020 - RNEC, para tener el suficiente tiempo para analizar, resolver las observaciones allegadas y realizar los cambios necesarios a los documentos”.
De nuestro archivo: Líderes juveniles impulsan la transformación en sus territorios
Pero en la Resolución 3473, también del 8 de mayo, que cambia el calendario electoral y estipula una nueva fecha para las votaciones, la autoridad electoral esgrimió como argumento “la suspensión de eventos con aforo de más de 500 personas” y “el Estado de Emergencia” declarado por el Gobierno nacional a partir de la pandemia de coronavirus.
Consultado al respecto por EL COLOMBIANO, el registrador nacional, Alexander Vega, se abstuvo de hacer comentarios sobre el proceso para no incurrir en una causal de recusación.
Sobre los Consejos de Juventud
Los CMJ son espacios de participación contemplados por la Constitución Política de 1991. El primero nació en Medellín, por iniciativa de la Alcaldía y su modelo se extendió a todo el país en 1997 con la promulgación de la Ley 375.
Dichos organismos se eligen por períodos de tres años. La fecha inicial estipulada para las votaciones era el 8 de noviembre de 2020, sin embargo, con la modificación del calendario, fueron aplazadas para el 7 de marzo de 2021.
