El puente más moderno de Colombia, el Pumarejo –el mismo que fue inaugurado por el presidente Iván Duque y hasta por la reina del Carnaval de Barranquilla el 20 de diciembre de 2019–, tiene un lío jurídico que representaría para el Estado una suma cercana a los 75.000 millones. Para entender la situación en la que Invías está, hay que hacer memoria y visualizar a los protagonistas.
Pues bien. En contexto hay que saber que el puente Pumarejo, en la carretera Barranquilla-Santa Marta, lo contrató Invías por $614.000 millones el 1 de abril de 2015 al consorcio SES Puente Magdalena integrado por las empresas Esgamo Ingenieros de Colombia con el 30% y Sacyr con el 70 %.
La obra comenzó a avanzar y en estos cuatro años, el Gobierno hizo dos prórrogas del contrato las cuales se dieron, entre otras cosas, por los cambios de diseño. Por esa razón, el puente terminó costando $136.000 millones más. Un total de $750.000 millones.
Estas prórrogas no causaron ningún asombro en nadie y más por las dimensiones del proyecto: son 85.000 metros cuadrados de pavimento, equivalente a 13 canchas de fútbol. Pero el hecho que ha llamado la atención ocurrió dos días antes de su inauguración, cuando el Invías incluye en el contrato una cláusula en la que da lugar a un tribunal de arbitramento.
Hay dos preguntas, de entrada, por resolver: ¿Para qué un tribunal de arbitramento? y ¿por qué se firma dos días antes de la inauguración? El para qué es sencillo de contestar: el arbitraje ingresa al contrato para solucionar 18 puntos de la obra que desde 2017 reclama Sacyr (ver recuadro).
Entonces la pregunta de fondo es el por qué se hizo. Y tiene varias versiones. Una de ellas es la del director del Invías, Juan Esteban Gil, quien señala que tenía dos opciones para resolver las peticiones de Sacyr: o el arbitraje o una demanda en la justicia ordinaria. Sin embargo, un experto cercano al proyecto, quien prefirió no revelar su nombre, explicó que dichas reclamaciones se podían solucionar de manera diferente y no tener, ni siquiera, que pensar en que estarían en riesgo 75.000 millones.
Explica el experto que el contrato contemplaba un mecanismo diferente al tribunal para solucionar reclamaciones económicas. La figura se llama divergencia. La cual consiste en que cuando había una diferencia, el Invías notificaba internamente al contratista y viceversa. Así estuvo el proceso un par de años.
Ahí es donde aparecen los protagonistas, que hasta ahora son tres: Carlos Rosado, Carlos García y Juan Esteban Gil. Rosado es el representante de la constructora española Sacyr en Colombia y estuvo en la dirección del Invías entre 2010 y 2012 y luego en la Cámara Colombiana de la Infraestructura seccional Norte en Barranquilla. Rosado es una de las personas que más conoce los detalles del proyecto y es quien hoy en día abrió, del lado de Sacyr, el tribunal.
García fue director del Invías entre 2014 y 2018 –hoy es el vicepresidente ejecutivo de la ANI– y fue quien negó las pretensiones de Sacyr. Eso costa en una carta que conoció este diario.
Y Gil es el actual director. Fue el funcionario que le abrió la puerta al tribunal. Es decir, este es un cara a cara que tiene como protagonistas a tres viejos conocidos del Invías. Uno de ellos, el actual director, Juan Esteban Gil, conversó con este diario.
¿Cuáles obras de Invías tienen en este momento tribunal de arbitramento?
“Solo uno, pero tuvimos dos el año pasado y ya cerraron. El que tenemos en este momento es el tribunal del Cruce de la Cordillera Central, el cual apenas está empezando y tiene que ver con la anulación de actos administrativos que impusieron multas al contratista en la ejecución del contrato. Y en 2019 tuvimos tribunal del túnel piloto de La Línea y también del cruce de la cordillera”.
¿Por qué dos días antes de la inauguración se le incluye al contrato una cláusula en la que se permite el tribunal de arbitramento?
“El puente tenía una cláusula inicial para actualizar los estudios y diseños ya que la norma con la que se diseñó era del año 95 y el código de puentes había cambiado en 2014. Durante la ejecución del contrato, Sacyr se encuentra con más cantidad de obra, eso asociado a las actividades de cambio de diseño. Todo eso sucedió antes de que empezáramos con la administración en 2018. En 2017 el contratista le presentó una reclamación al Invias de 18 puntos con el fin de que le reconocieran un pago adicional. Y la respuesta de la anterior administración fue el 5 de septiembre del año 2018”
¿Qué respondieron?
“Rechazaron el cobro de esos 18 puntos”.
¿Qué siguió entonces?
“En agosto de 2018 llegamos nosotros y nos reunimos con Sacyr. Ahí nos cuentan que el Invías rechazó los 18 puntos y nos dijeron que nos iban a denunciar. Empezó un proceso el tribunal administrativo para ir a conciliación. Lo que hice fue poner a un grupo de abogados y de ingenieros a revisar el tema. En agosto de 2019 sacamos nuestro concepto en donde volvimos a rechazar los 18 puntos y no les reconocimos ni un solo peso a Sacyr. Entonces nuestra respuesta fue: qué pena, no tenemos por qué reconocerles ese pago.
El 22 de noviembre nos presentaron una propuesta formal y con eso le dimos aceptación a instalar ese tribunal. ¿Por qué hicimos esto? Sabíamos que nos iban a demandar y queríamos generar una defensa expedita toda vez que entre el interventor y el Invías tenemos argumentos muy sólidos para garantizar una defensa en una instancia arbitral. Establecimos que se ponía la cláusula, única exclusivamente para los 18 puntos. Entonces, ¿la anterior administración rechazó la solicitud del tribunal de arbitramento?, pues no, porque nunca les hicieron una invitación formal. Esto se hizo dos días antes de la inauguración y no de la terminación del contrato, que tiene fecha de culminación hasta marzo de 2020. Fue una coincidencia”.
¿Se abre un precedente para que los contratistas busquen cambiar sus contratos en el último minuto?
“Esta situación no es nueva. Hay dos casos similares. Uno, el 9 de diciembre de 2016 cuando se hizo un otrosí al contrato 1873 para las obras de terminación del túnel piloto de La Línea. Con esto quiero decir, que si es de abrirse un boquete pues se abrió desde 2016. Pero me voy a ir a 2012, para el contrato del Cruce de la Cordillera Central. El 9 de agosto de ese año se hizo una modificación al contrato 3460 para permitir la incorporación del tribunal de arbitramento. En ese momento sí era una salida para la defensa de los intereses del estado y hoy no”.
Si la figura del arbitraje es la más idónea, ¿por qué el año pasado cerraron los arbitrajes de La línea?
“Allá el contrato terminó en incumplimiento. En esta obra el tribunal estaba orientado a defendernos sobre un ataque que el contratista nos estaba haciendo sabiendo que él había incumplido. Lo que hicimos fue esperar a que ese tribunal se cerrara y acudimos a la justicia ordinaria. La estrategia de defensa es distinta”.
