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¿El presidente Petro está en carrera por limpiar nombre del M-19?

Con hechos como la “resignificación” del robo de la espada de Bolívar hay una decisión de reescribir el pasado de esa guerrilla.

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18 de enero de 2024
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Varios hechos y pronunciamientos del Gobierno nacional alrededor del M-19 despertaron en el país una nueva discusión sobre la validación histórica que le quiere hacer el presidente Gustavo Petro a esa guerrilla.

Si bien el M-19 y sus integrantes se acogieron a un Acuerdo de Paz firmado en 1990 con el gobierno de Virgilio Barco, al presidente lo han venido señalando en las últimas horas de intentar reivindicar el nombre de esa guerrilla y algunas de sus acciones cuando estaban en la ilegalidad.

La llama de la polémica se encendió después de que el Ministerio de Cultura anunciara una conmemoración de la fecha del hurto de la espada de Bolívar ocurrido el 17 de enero de 1974; y el Museo Nacional se refirió al hecho como una “recuperación” del grupo guerrillero.

Algunos, además, le sumaron a la conmemoración del robo de la espada, la orden de retirar las medallas de honor que habían sido entregadas al general (r) Jesús Arias Cabrales por sus acciones en la retoma del Palacio de Justicia en 1985, que había sido asaltado por el grupo guerrillero. No menos importante es lo que ha hecho el gobierno con el nombramiento de varios de sus excompañeros guerrilleros en importantes cargos, con un claro interés de hacer una especie de limpieza del nombre y del accionar del M-19 en el pasado.

Las voces críticas, encabezadas por la oposición, no se hicieron esperar una vez salió a la luz el tema de la conmemoración del robo de la espada. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, dijo que le preocupaba que “no estamos celebrando la entrega de la espada de Bolívar, sino el robo de la espada de Bolívar, perpetrado por un grupo terrorista. El M-19 inauguró el secuestro en Colombia y el asesinato de líderes sindicales”

Otro de los que alzó la voz fue el expresidente Iván Duque, quien señaló al M-19 de haber asesinado, secuestrado, y cometido actos terroristas y genocidas como la toma del Palacio de Justicia, y nunca haber pedido perdón ni responder por sus atrocidades.

“Hoy sus miembros, perfumados de impunidad, pretenden darles lecciones de moral y pacifismo al país, incluso haciendo apología del robo de la espada de Bolívar. En el 2020 llevamos la espada de Bolívar a la Casa de Nariño, creamos su guardia y le dimos el lugar que le corresponde como símbolo de la libertad y del orden institucional, nunca como trofeo de delincuentes”, agregó Duque.

La polémica ha tenido activo desde la distancia al presidente Petro, quien respondía mientras participaba en el Foro Económico Mundial, en Suiza. Ante las críticas por las medallas del retirado general Arias Cabrales, el presidente Petro dijo que se había hecho con base en un decreto del año 2015, el cual señala que estos honores deben ser retirados a aquellos militares que hayan sido condenados por delitos dolosos a la pena de prisión, como es el caso de Arias, condenado a 35 años por la desaparición de cinco personas.

Y sobre su señalada intención de reivindicación del nombre del M-19 y el llamado hecho por la senadora María Fernanda Cabal, que lo “invitó” a renunciar al indulto y a la amnistía “para que responda por sus crímenes en igualdad de condiciones que los militares”, el presidente respondió que era una “calumnia”.

“Nunca he sido amnistiado ni indultado, no tengo que renunciar a ello. Y por tanto, puede deducir jurídicamente que no tengo que responder por ningún crimen pues no los he cometido. He sido rebelde y revolucionario, no es lo mismo, y espero seguir siéndolo”, agregó a través de un mensaje en la red social X.

Los excompañeros

El presidente Petro ha incluido dentro de su equipo de gobierno a algunos de sus antiguos compañeros del M-19. Entre los principales está Carlos Ramón González, quien es reconocido como uno de los fundadores del Partido Verde y ahora tiene a cargo el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Una oficina con pasillo directo al primer despacho de la nación, lo que traduce en mucho poder político y presupuestal.

En el mismo Dapre está como director de la oficina de las Tecnologías y Sistemas, René Guarín Cortés, que es ingeniero de sistemas y entró a militar en las Fuerzas Especiales del M-19 a los 22 años. También es hermano de Martha Guarín, una de las desaparecidas por las Fuerzas Armadas durante la retoma del Palacio de Justicia.

En Migración Colombia está Fernando García Manosalva, exmilitante del M-19, quien estuvo exiliado en Europa, es politólogo y tiene estudios de postgrado en Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. García es considerado de máxima confianza de Petro, ya que ha trabajado con él tanto en la Alcaldía de Bogotá, como en su Unidad de Trabajo Legislativo en el Congreso.

La Unidad Nacional de Protección está bajo otro hombre de las entrañas del presidente, Augusto Rodríguez Ballesteros, quien es profesional en Ingeniería Química y lleva largos años trabajando como asesor político de importantes líderes de la izquierda nacional, como Alirio Uribe, Iván Cepeda y el propio Petro.

Y desde mediados de agosto de 2022, solo unos días después de la llegada del presidente Petro a la Casa de Nariño, Manuel Casanova Guzmán asumió en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es el mismo que trabajó en la Caja de Vivienda Popular y en Planeación Distrital de la Alcaldía de Bogotá, durante la administración de la Bogotá Humana, como denominó Petro en ese momento su mandato.

Al área de la diplomacia del país también llegaron excompañeros del presidente. Como embajador en República Dominicana está Darío Villamizar Herrera, quien es escritor, politólogo y ha sido profesor de la Universidad Javeriana en Bogotá. Y como embajadora en Ecuador fue designada, en mayo del año pasado, María Antonia Velasco, también profesional en estudios políticos y resolución de conflictos.

El último en sumarse a ese grupo de ex militantes que hicieron su tránsito democrático legal y ahora dirigen instituciones del Gobierno fue el ex líder sindical y experto en salud, Aldo Cadena, quien fue anunciado como nuevo presidente de la Nueva EPS, una de las entidades prestadoras de salud más importantes del país con 11.5 millones de afiliados. Cadena también acompañó a Petro durante su alcaldía en Bogotá, como director del Instituto Distrital de Recreación y Deportes y secretario de salud.

Para Alejandro Alvarado, director de gobernabilidad y democracia de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), los nombramientos de Petro hacen parte de la estrategia obvia y lógica de cualquier presidente.

“¿Quién quiere trabajar con enemigos? o ¿hace negocios con quien no le cae bien? Hoy el presidente le puede echar mano a los aliados que reivindican sus proyecto, las leyes democráticas lo juzgarán después si lo hicieron bien o mal. En este momento es normal que busque aliados en esos líderes que hace 50 años estaban pensando un país y hoy gobiernan”.

El investigador también cree que hay que tener claro que no todos esos hombres y mujeres que compartieron ideas se quedaron en la izquierda y que hasta algunos están en la derecha política, como en el partido Centro Democrático. “Es una generación que logró llegar viva a estas alturas del juego político”, explicó Alvarado.

Historia de un acuerdo

El informe de la Comisión de la Verdad señaló, precisamente, ese día del hurto de la espada en 1974 como la fecha de nacimiento del M-19 y describió al grupo como “guerrillero en ciernes, cuya filosofía era nacionalista, poco ortodoxa, urbana y fundamentalmente militar”. Y cuya mayoría de integrantes iniciales provenían de la Juventud Comunista Colombiana (Juco) y habían militado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

“Algunos de ellos, como Jaime Bateman Cayón, Carlos Pizarro e Iván Marino Ospina desertaron de las filas comunistas, no sin haber corrido el riesgo de ser fusilados”, concluyó la Comisión.

Desde ese día hasta la firma de la paz, la historia del M-19 estuvo marcada por episodios significativos, como secuestros, crímenes y atentados, que aún perduran en la memoria de los colombianos.

Pero, en resumen, el proceso de paz del Gobierno colombiano con el grupo insurgente estuvo marcado por un largo y quebrantado camino que empezó el 24 de agosto 1984 con la firma de un alto al fuego, casi doce meses después de que el presidente Belisario Betancur creara una comisión de paz en los departamentos del Huila y Cauca.

La paz inicial, sin embargo, no duró mucho por acciones militares del Ejército en el campamento del entonces comandante guerrillero Carlos Pizarro. Luego vino la instalación de una mesa de diálogo en 1985 que se reventó por la sangrienta toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de ese año, cuando 35 hombres armados entraron con la intención de tomar el control y ajusticiar al propio presidente Betancur.

El saldo de la toma y la retoma del Palacio, en el centro de Bogotá, dejó 98 muertos y 11 desaparecidos. El secuestro y posterior liberación, después de seis meses de cautiverio del político Álvaro Gómez Hurtado, marcó lo que es considerado por muchos como el camino hacia un acuerdo final.

Así el 9 de marzo de 1990, ya bajó la administración del presidente Virgilio Barco, el M-19 firmó la paz. Carlos Pizarro fue el último en poner su rifle sobre una mesa forrada con la bandera de Colombia, en medio de una ceremonia de entrega en el Cauca. De allí vino la transición política del grupo y la propuesta de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente para reemplazar la Constitución de 1886, que fue respaldada por el indulto reglamentado con la ley 177 de 1989.

Sobre este proceso de paz del M-19, Alvarado siente que lo relevante de la historia es cómo esa gente logra hacer un proyecto político después de desmovilizarse y conformar las estructuras políticas que hoy gobiernan el país, porque más allá de la valoración subjetiva que se pueda tener del gobierno, no se puede negar que el acuerdo de paz moldeó la historia reciente del país.

“Hubo una democratización en el país, que hoy tiene mejores libertades políticas y derechos que hace 50 años, porque el proceso de participación democrática permite procesar los proyectos políticos no por vía armada sino por decisiones políticas”, dijo el director de gobernabilidad de Pares.

El investigador señaló que “aunque se esté de acuerdo o no con la forma cómo gobierna, al presidente Petro nadie le puede negar que hizo toda la tarea del proceso democrático, se reintegró, se hizo elegir, perdió elecciones y sigue participando con las reglas nacionales, eso es lo que se desea para los procesos políticos.

1974
es el año considerado como el del inicio de la guerrilla del M-19, que firmó la paz en 1990.
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