Luego de que los estudiantes de la Universidad de Cartagena denunciaran esta mañana que fueron desalojados de manera arbitraria de las instalaciones del Campus San Pablo y Claustro de San Agustín por integrantes de la fuerza pública, la institución emitió un comunicado en el que afirma que le solicitó a la Policía Nacional realizar el desbloqueo del ingreso en salvaguarda de la integridad y uso apropiado de los bienes de infraestructura del plantel educativo.
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Según la Universidad, el ingreso a los campus se realizó en la madrugada de este domingo, sin que mediara fuerza alguna, y luego de que la institución educativa por vía del Consejo Académico, Consejo Superior y diversas comisiones integradas por Vicerrectores y funcionarios de la Personería y Defensoría del Pueblo insistiera durante estos dos últimos meses en que se desbloqueara el ingreso al Campus San Pablo principalmente, y en su momento al Claustro San Agustín.
La Universidad de Cartagena cesó actividades administrativas el pasado 21 de diciembre y retomará hasta el 17 de enero de 2019, así quedó acordado en un consejo académico entre el Gobierno Nacional y la Mesa de Diálogo para la construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública entre los representantes del movimiento estudiantil y profesoral (Fenares, Unees, Acrees, Aspu y otros).
En ese sentido, la institución, que en múltiples formas se ha manifestado en contra de la vías de hecho de bloqueo de campus, no estima procedente que se mantenga ni bloqueo a ingreso ni pernoctación en las sedes, independiente que sean los mismos estudiantes quienes deban decidir mediante Asamblea General si regresan a las aulas o no luego de la reprogramación del calendario académico realizado por el Consejo Académico, que fija la fecha de ingreso el próximo 21 de enero de 2019.
De acuerdo con el comunicado, las directivas académicas de la universidad, a través de diferentes resoluciones, conminaron a estos estudiantes (15 en San Pablo y aproximadamente 8 en San Agustín) a que desalojaran los espacios debido a la responsabilidad que se tiene de los mismos. El Consejo Académico integró una comisión de vicerrectores y decanos y con el acompañamiento permanente de la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría con el fin de solucionar la situación, pero no obtuvieron respuesta por parte de los mismos.
Esta misma negativa se manifestó durante un corto cese de actividades en noviembre, pese a ello el 18 de diciembre en vísperas de las vacaciones colectivas de la institución, se creó una nueva comisión integrada por vicerrectores y decanos para que con su orientación pedagógica se acercaran a los estudiantes para lograr una desocupación pacifica, todo esto con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Personería.
El 19 de diciembre, la comisión presentó un informe de la visita al campus San Pablo donde comunicaba que no les permitieron el ingreso al tiempo que los estudiantes proponían una nueva fecha para reunirse. El 20 de diciembre, el rector Edgar Parra asistió personalmente a la Defensoría del Pueblo y producto de una reunión sostenida con el defensor Dr. Roberto Vélez Cabrales, los delegados de la Defensoría realizaron una visita al campus San Pablo para dialogar con los estudiantes; ese mismo día directivas de la Universidad solicitaron restablecer el diálogo para lograr la desocupación pacifica y no permitieron la entrada.
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