La captura de Nancy González, la empresaria colombiana que comercializaba carteras hechas con pieles de animales en vía de extinción, es un asunto que tiene una cola tan larga como la de los caimanes con los que fabricaba los bolsos que enviaba a Estados Unidos.
Todo empezó en febrero de 2016 cuando Diego Mauricio Rodríguez Giraldo, uno de los capturados con Nancy González de Barberi el pasado 8 de julio, arribó a Estados Unidos “con bolsos de mano hechos en piel de caimán”, sin tener firmado el permiso CITES (por sus siglas en Inglés), el cual regula el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.
“El requerimiento internacional indica que estas personas elaboraban carteras, bolsos y diversos productos con pieles de babillas, caimanes, serpientes, entre otras especies silvestres”, registró la Fiscalía en la bitácora de captura conocida por este diario.
Sin levantar sospecha, cuatro días después del primer envío y con llamada previa de Rodríguez a Colombia, fueron llevados desde Cali hasta Nueva York, otros bolsos que llegaron a las tiendas de EE. UU., y de allí a manos de famosas como Britney Spears, que alardeaban con los “handbags exóticos” hechos de serpientes y caimanes de Colombia.
Todos llegaron con la misma modalidad: personas que llevaban las carteras aseverando que eran “regalos” para conocidos en ese país. “En la investigación pudimos establecer que cada viajero recibía, al parecer, los tiquetes aéreos y 600 dólares para su manutención en EE. UU.”, dijo un investigador a EL COLOMBIANO.
Estos primeros envíos fueron experimentales y con ellos empezaron a “tantear” y a perfeccionar la estrategia de envíos con las “mulas” de las carteras, en las que la misma Nancy González de Barberi daba instrucciones a quienes llevaban los artículos en cuero sobre lo que debían decir en caso de caer en manos de las autoridades estadounidenses.
Los siguientes seis meses (entre febrero y agosto), las carteras siguieron llegando a cuentagotas. Eran enviadas bajo el mismo “modus operandi”, hasta que el 5 septiembre de 2016, como dice el documento con el que fue requerida en extradición González de Barberi, “ingresaron 32 bolsos de piel de caimán que llegaron desde Colombia con varios pasajeros a través de distintos aeropuertos en EE. UU.”
Ese fue el primer campanazo de alerta para las autoridades de ese país quienes empezaron a seguirle la pista a la llegada de los bolsos en pieles prohibidas, como les sigue la pista un cazador a una serpiente o a un caimán.
Al día siguiente del gran envío, la misma Nancy González viajó a Estados Unidos con cuatro bolsos de piel de caimán en sus valijas. Al ser requerida por las autoridades, indicó que era un regalo para unos amigos.
No más cuentagotas
Desde el primer envío de los 32 bolsos, Gutiérrez de Barberi y sus colaboradores decidieron que cambiarían la modalidad: no más envío a cuentagotas y más en cantidad.
El siguiente envío fue mediano. Según las autoridades estadounidenses, el 9 de octubre de 2016 y bajo la misma modalidad de repartir las carteras en diferentes vuelos y con diferentes personas, lograron ingresar a EE. UU. 18 carteras de piel de caimán. De allí en adelante los envíos no bajaron en número y, entre octubre de 2016 y abril de 2019, cuando las autoridades de Estados Unidos registraron el último ingreso de carteras y bolsos, Nancy González y compañía, ingresaron de manera ilegal, 189 carteras y bolsos de animales protegidos o en vía de extinción.
Con las pruebas recolectadas sobre el ingreso a EE. UU. de los bolsos y el rastreo de los viajes, una corte del Sur de la Florida solicitó la extradición de Nancy González de B arberi, Diego Mauricio Rodríguez y Jhon Camilo Aguilar Jaramillo para que respondan por concierto para importar y llevar vida silvestre a Estados Unidos en contra de la ley; defraudar a los Estados Unidos, impidiendo, perjudicando, obstruyendo y anulando las funciones gubernamentales legítimas; y contrabandear mercancía a los Estados Unidos.
No obstante, en la tarde de este lunes la defensa de los tres capturados precisó que radicó ante la Fiscalía General de la Nación, una solicitud de libertad inmediata, alegando que hubo una presunta falta en la audiencia de legalización de captura, porque, argumenta la defensa, los allanamientos al parecer tenían como único fin “la captura” de sus representados.
