La abogada y Politóloga de la Universidad de los Andes, Lina María Arbeláez, asumió su puesto como directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- en marzo de 2020, luego de pasar por la Gerencia Nacional de Reducción de Pobreza e Inequidad en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Recientemente, Arbeláez fue designada por el presidente Iván Duque para liderar lo que él denominó Pacto Colombia con las Juventudes, “que es el compromiso del Gobierno Nacional por entender esos dolores y por construir con ellos una ruta de solución”, explicó la directora.
En el marco de ese pacto se han realizado 202 mesas de conversación en donde han participado cerca de 5.500 jóvenes. “Pelados y peladas de todos los espectros: hay unos que están en los bloqueos, en lo que ellos denominan primera línea; unos que están apoyando el paro pero que no apoyan los bloqueos; y hay pelaos que no están apoyando ni el paro ni los bloqueos ni nada. Entonces se ha oído las voces de todos los jóvenes”, dijo Arbeláez.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la directora del ICBF detalló que su visita a Antioquia fue precisamente para escuchar a los jóvenes de todas las subregiones del departamento y “encontrar soluciones de parte y parte”.
Además, la directora respondió sobre trabajo infantil, desnutrición, regreso a la presencialidad y niños migrantes, entre otros temas.
Según lo que ha escuchado en esas mesas de diálogo, ¿qué exigencias tienen en común los jóvenes del país?
“Los clamores son muchísimos. Van en temas como empleo y emprendimiento, educación, medio ambiente, participación e inclusión. Pero también hay un pedido de respeto a los Derechos Humanos y la seguridad. Esos han sido los puntos más reiterativos en toda Colombia”.
¿Qué sigue después de recoger sus preocupaciones?
“La metodología tiene tres fases. Esta es una primera de escucha, viene otra que se llama Parchemos para construir, que es donde planteamos soluciones de lado y lado; y termina con un pacto que será una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo. La idea es construir una Política Pública que no sea un documento de dos años o tres años, sino que realmente sea una hoja de ruta a 10 años. Todo esto con recursos específicos. Se ha hecho un estimado de que el Conpes podría estar asignando cerca de 7,6 billones de pesos. Cosa muy contraria a lo que vimos en el Conpes pasado de juventud, en el que fueron 18.000 millones de pesos de inversión. Estamos hablando de un cambio sistémico”.
¿Cómo se han violado los derechos de los menores durante las manifestaciones? y, ¿qué ha hecho el ICBF para garantizar su protección?
“Estamos viendo una coyuntura en la entrega de bienestarina que tiene unos micronutrientes y unos elementos adecuados de aminoácidos para el sistema nervioso, en especial para los niños entre los 0 y 4 años. Hemos tenido un retraso en la entrega del producto a más de un millón de niños. 519.000 niños y madres gestantes no pudieron recibir el producto. Es decir que solo se entregó al 50,5 % de las personas que debieron haberla recibido. Eso tiene una afectación económica, a corte del 4 de junio, de 6.000 millones de pesos”.
Organizaciones hablan de menores asesinados durante las manifestaciones...
“Hemos recibido asuntos de protección relacionados directamente con el paro. Tenemos 100 adolescentes remitidos al sistema de responsabilidad penal adolescente por participar, no en el paro, si no en actos violentos en el marco de la protesta. El Gobierno Nacional es garante de una protesta pacífica que tiene toda la legitimidad cuando es en el marco de manifestaciones en paz. Esos 100 adolescentes que están hoy en corrección penal son por daños en bien ajeno, 21; asonadas, 12; lanzamiento de objetos peligrosos, 12; obstrucción a las vías públicas, 18; terrorismo agravado, 5; hurto, 14; y violencia contra servidores públicos, 4”.
Hablemos de educación, ¿cómo va el regreso a la presencialidad y la vacunación a madres comunitarias y agentes educativos?
“Toda esa población que priorizamos debe estar vacunada al terminar julio. En madres comunitarias y agentes educativos se destinó un primer lote de 10.000 vacunas. Continuaremos con 48.000 vacunas que llegaron el miércoles (9 de junio). Ahí está priorizada Antioquia. Sabemos que esto es esencial para el retorno, no solo porque necesitamos garantizar esos entornos desde los 0 a 5 años, si no porque sabemos que es un elemento central para el desarrollo cognitivo, motor y socio-emocional de ellos. El poder interactuar con sus pares se vuelve un eje esencial propio de esa edad. Hemos tenido muchos desafíos y cuellos de botella como la falta de confianza de los padres y el susto por la covid-19”.
¿Cuáles son las cifras de reclutamiento a menores y qué zonas en particular están siendo afectadas?
“Hemos visto que grupos como Los Caparros y el Clan del Golfo están robándole los sueños a la niñez y la adolescencia de nuestro país. Lo estoy diciendo porque hemos analizado que, de una manera sistémica, se está dando reclutamiento desde los 9 años”.
¿Ese delito ha aumentado o disminuido durante 2020 y 2021?
“Los datos que nosotros tenemos de los últimos 3 años es que ha descendido el número de reclutamiento. Pero, más allá de hablar de números y cifras, si se le sigue arrebatando el sueño a un solo niño en Colombia, esto es aberrante”.
¿Cuál es el panorama actual del trabajo infantil en el país?
“Esa es una de las peores formas de violencia y ahí cobra muchísima fuerza la gran alianza y el pacto contra la violencia que firmó el presidente Duque en 2019. Ese pacto lo que busca es trabajar con el sector privado y con las familias para evitar que los niños sigan trabajando. Nosotros, de la mano con el Ministerio del trabajo, estamos apostando todos los esfuerzos para prevenir ese esquema de trabajo infantil que puede aumentar con la pandemia”.
Unos 3,5 millones de personas entraron a la pobreza el año pasado, según el Dane, ¿cómo van los índices de desnutrición infantil y cuáles son los territorios más afectados?
“Vale la pena decir que es súper duro cuando uno habla de números y pone a los niños como una cifra más. Afortunadamente hemos logrado reducir 34,04 % las notificaciones de muertes por desnutrición en la época más difícil de nuestra historia reciente. Los territorios más afectados son La Guajira, algunas zonas indígenas del Pacífico chocoano, del Pacífico nariñense, y del Pacífico caucano”.
Pero, ¿cuál es el número de muertes?, ¿cuántos niños han muerto durante 2020 y 2021 por desnutrición?
“Esa cifra no la tengo”.
La herramienta digital Betto ha causado malestar en los operados del ICBF. Alegan que no hay claridad y que los criterios de selección no están siendo justos...
“La plataforma Betto fue todo un acierto. Es la primera vez en la historia que se seleccionan los operadores que ya están previamente inscritos en un banco. La afirmación que hacen algunos de ellos de que no los tienen en cuenta es totalmente falsa, porque es un banco ya conformado y constituido por cerca de 1.500 fundaciones y organizaciones. Es la primera vez que se seleccionan de manera completamente objetiva sin la intervención de ningún ser humano”
