La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria a la Junta Directiva y directivos del Banco Agrario, quienes autorizaron, con posibles irregularidades, un empréstito por 120 mil millones de pesos al consorcio Navelena S.A.S. —encargado del proyecto para la navegabilidad del río Magdalena—, que cuenta con la participación de la Constructora Odebrecht de Brasil.
Los directivos investigados son Francisco Santos Mendoza, presidente del Banco Agrario para la época de los hechos; Andrés Escobar Arango, delegado del Ministerio de Hacienda; Arturo Adolfo Dajud Durán, funcionario del Ministerio de Agricultura; Juan Luis Hernández Celis, representante del Gobierno Nacional, y Luis Fernando Mejía Alzate, representante accionistas mayoritarios.
Asimismo figuran Francisco Estupiñán Heredia, miembro independiente; Hernando Enrique Gómez Vargas, vicepresidente jurídico del Banco Agrario; Marcela Ferrán Muñoz, vicepresidenta de Crédito y Cartera; Mónica Santamaría Salamanca, vicepresidenta de Banca Comercial, Moisés Mahecha, vicepresidente de Riesgos; Luis Francisco Ogliastri, vicepresidente de Operaciones; y Ómar Arango Páez, gerente Banca Comercial.
Por su parte, Álvaro Villegas Villegas, único miembro de la Junta Directiva del Banco Agrario que se declaró entonces impedido para votar, fue citado a declarar.
Uno de los principales interrogantes de la pesquisa será esclarecer por qué Navelena recibió dicho préstamo de la entidad bancaria en momentos en que la Superintendencia de Sociedades había declarado a la empresa en quiebra.
El Ministerio Público señaló que “hay suficiente evidencia” para tomar esta determinación que involucra a 14 personas incluido a Francisco Solano Mendoza, Presidente del Banco Agrario de la época.
