Con la llegada del contratista Jaime Blanco Maya a la Jurisdicción Especial para la Paz, detalles inéditos sobre los posibles nexos de la multinacional Drummond empiezan a conocerse para dar luces sobre un presunto financiamiento por parte de esa carbonera a los grupos paramilitares que operaban en el departamento del Cesar.
Entre los salpicados durante las audiencias de Blanco están por lo menos seis exjefes paramilitares, un general y hasta un agente de la CIA que se habría encargado de ser el puente entre la empresa y los paramilitares.
El sometimiento de Blanco Maya a la JEP generó expectativa no solo porque era uno de los únicos empresarios que habían sido admitidos en calidad de tercero civil no combatiente, sino porque con él se abrió un expediente hasta ese momento inexplorado para la Jurisdicción relacionado con el caso Drummond y sus derivados.
En dicho caso, que ha sido investigado durante décadas por la justicia ordinaria, Blanco es un punto clave por dos razones: primero porque estuvo directamente relacionado con los directivos de la carbonera y operó como contratista de esta en el sector de alimentos, y segundo, porque en 2013 fue condenado a 18 años de cárcel por los asesinatos de los líderes sindicalistas Víctor Hugo Orcasita y Valmore Locarno, presidente y vicepresidente de Sintramienergética, el principal sindicato de la Drummond.
Así las cosas, y dada su relevancia para entender cómo se habrían dado los financiamientos a los grupos paramilitares, la JEP lo admitió como compareciente el 3 de diciembre de 2019 y le concedió la libertad condicional el 20 de octubre del año pasado.
Pese a ello, aún no se habían conocido los detalles de lo que Blanco tenía para decir ante la JEP ni los nombres que hasta su sometimiento habían pasado desapercibidos, y empezaría a revelar para obtener los demás beneficios de la justicia transicional.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a un documento de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que resumió los aportes hasta ese momento y dejó al descubierto varios de los presuntos responsables.
Los sindicalistas
Uno de los detalles que la justicia ordinaria concluyó hasta el final, y en los que parece haberse equivocado, tiene que ver con el motivo por el que fueron asesinados Orcasita y Lorcano. Mientras que todos estos años se creyó que ambos habían sido mandados a matar por oponerse a un contrato de alimentos de Blanco, este reconoció ante la JEP que no se trató de nada de eso, sino de una “operación antisubversiva” en contra de los miembros del sindicato dada su cercanía con miembros de la entonces guerrilla de las Farc-EP y el ELN.
Dentro de esos detalles, que la JEP calificó reveladores, Blanco también ofreció detalles del asesinato de seis líderes sindicales a partir del año 2000, sugiriendo que los móviles de los hechos fueron desviados para proteger los intereses de la multinacional norteamericana. Por esos delitos, el excontratista fue condenado en 2013 a 38 años de prisión, de los cuales ya había pagado 10 años, 11 meses y 14 días cuando la jurisdicción especial le concedió el beneficio.
Los salpicados
Pero el peso más fuerte de sus declaraciones recayó sobre los dirigentes de Drummond tras asegurar y aportar pruebas documentales y judiciales que describen la financiación de esa multinacional a los paramilitares a cambio de patrullajes y seguridad.
Según las cuentas del excontratista, desde la década de los 90 conoció al entonces agente de la CIA, James Adkins. y al general (r) Rafael Peña de los Ríos, quienes fungían como jefes de seguridad de la Drummond y se encargaron de “montar una estructura para financiar a las autodefensas” a través de sobrecostos en los contratos.
De ese modo -aseguró Blanco- Drummond llegó a entregar entre 25 y 30 millones de pesos mensuales que “no correspondieron a pagos de extorsiones o ‘vacunas’, sino a contribuciones voluntarias a un actor armado del conflicto”.
Además, Blanco aseguró que tanto él como otros funcionarios de Drummond sostuvieron reuniones con por lo menos seis jefes paramilitares de la época: John Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, Oscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida, Jeferson Martínez, alias Omega, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Salvatore Mancuso Gómez y Vicente Castaño Gil, alias El Profe; y que está dispuesto a detallar “los compromisos claros y concretos que en doble vía asumimos dentro del acuerdo al margen de la ley que rigió nuestra relación”.
De hecho, la JEP reiteró en dos ocasiones que, gracias a las declaraciones de Blanco Maya y las pruebas materiales entregadas, la Fiscalía General de la Nación pudo avanzar en la investigación que se adelanta en contra de Augusto Jiménez Mejía, expresidente de la multinacional, y José Miguel Linares Martínez, actualmente presidente de la empresa.
Dicha acusación -anunciada en diciembre de 2020- va en contra de ambos empresarios por “financiar y promover la creación y los propósitos ilícitos” de un bloque de autodefensas entre 1996 y 2001.
Sin embargo, la carbonera estadounidense ha salido a defenderse en múltiples ocasiones y a negar cualquier nexo con los grupos al margen de la ley. De hecho, el 20 de noviembre de 2020 la multinacional emitió un comunicado negando las declaraciones y asegurando que “hay clara evidencia de los pagos que Jaime Blanco Maya recibió por parte de abogados en Estados Unidos para que cambiara su testimonio en contra de Drummond”.
Pero ese argumento parece no calar ante la JEP y la Fiscalía. En el punto 73 de la resolución conocida por este medio, la Jurisdicción citó que “sobre las declaraciones de Jaime Blanco Maya no encuentran asidero los cuestionamientos de que no corresponden a la realidad y son producto de beneficios económicos ilícitos, por cuanto, cada parte de lo declarado por Blanco Maya se acompasa con otros medios probatorios”
$30
millones mensuales habría pagado la multinacional para financiar a los paramilitares.
