La Corte Constitucional le dio ocho días al presidente Iván Duque para que en ese término se asegure de que se están cumpliendo las órdenes dadas para mitigar la crisis carcelaria que vive el país hace años.
Para la Sala de Seguimiento del alto tribunal, el Gobierno no demostró el cumplimiento que se dio en autos de 2018 y 2020 “sobre acceso a la información e ingreso a los establecimientos de reclusión por parte de las entidades y organismos vinculados al seguimiento de la crisis en materia penitenciaria y carcelaria.
La falta de claridades abarcan al Ministerio de Justicia y al Inpec. En el caso de este último, desde el alto tribunal se le había solicitado datos relacionados a cuáles son las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad.
Asimismo, la Sala que sigue este caso quiso acceder a determinados establecimientos penitenciarios y entrevistar virtualmente a algunos de los detenidos para analizar sus versiones, sin embargo, la entidad pública no respondió su petición.
“Por su parte, la Defensoría del Pueblo también informó que, desde mediados de octubre de 2018, el cuerpo de vigilancia del Inpec le ha impedido ingresar a algunos centros de reclusión del país. De igual forma, no le permite el uso de cámaras y equipos de registro fotográfico y electrónico”, dice en el boletín de la Corte.
Es de recordar que la Corte declaró un Estado de Cosas Inconstitucional frente a este tema porque encontró que se han vulnerado una cantidad de derechos fundamentales que deben garantizarse, una situación que también se ve en la seguridad de los firmantes de la paz de las Farc y con los menores de edad del pueblo wayuú.
En el caso de la situación carcelaria, ese tipo de restricciones para hacerle seguimiento a dicha situación –a criterio de la Defensoría– son una tropiezo para las labores de seguimiento.
El tire y afloje que recae en Duque
Diferentes entidades e instancias estatales se han hecho a un lado a la hora de permitirles a la Defensoría y al tribunal constitucional hacer un seguimiento responsable a la crisis carcelaria.
Primero, el Ministerio de Justicia indicó que es el Inpec el encargado de dar respuesta a las peticiones, ya que ellos son los que controlan el ingreso y salida a las cárceles. Por eso, al hacer los de la vista gorda, a juicio de la Corte, esa cartera mostró “indiferencia y desinterés por la garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”.
Luego, al comunicarse con el Inpec, esta entidad señaló que son los directores de cada centro penitenciario los que deben autorizar el ingreso a cada penal. Por tal motivo, la Corte Constitucional considera que el presidente Iván Duque es el que tiene la capacidad de instar al Ministerio y al Inpec a cumplir los requerimientos necesarios para hacer las visitas con los aparatos electrónicos que cada delegado quiera.
Los incumplimientos también podrán ser subsanados por Víctor Muñoz, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
