Dos nuevos escándalos por corrupción estallaron al interior de la Unidad de Restitución de Tierras.
Según denunció el director nacional de esa entidad, Giovani Yule, investigaciones internas desmantelaron presuntas contrataciones ilícitas y cobros a víctimas del conflicto armado para acelerar los trámites de restitución de tierras.
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Con nombres propios de los presuntos implicados en las redes de corrupción y los montos cobrados, Yule denunció ante la Secretaría de Transparencia contrataciones dentro de la URT en las que personal técnico era vinculado a la entidad sin tener la experiencia requerida para los cargos.
A cambio de eso, los funcionarios que ayudan a tramitar las contrataciones ilícitas cobraban hasta el 10% del salario que recibiría el nuevo empleado. Según la denuncia, los contratados eran preparados para que supieran qué decir en las entrevistas y procesos de selección para que no levantaran sospechas.
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Cobros a víctimas del conflicto
La segunda presunta red de corrupción tenía un entramado aún más complejo que involucraba a varias subentidades de la Unidad de Restitución de Tierras.
Según la versión de por lo menos 4 testigos en los departamentos del Meta, Putumayo y Apartadó, los funcionarios de la Unidad exigían entre 4 y 10 millones de pesos para que los procesos de restitución de tierras avanzaran con rapidez y salieran favorables.
Todo esto, tal como lo advirtió el director Yule, habría ocurrido durante la administración del expresidente Iván Duque.
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Así las cosas, los nuevos escándalos se suman a otros presuntos hechos de corrupción denunciados por la entidad a principios de este año.
Para ese entonces, la denuncia también salió desde la Secretaría de Presidencia, quien señaló que el exfuncionario Luis Miguel Ávila Colorado –también del Gobierno Duque– estaría cobrando cuotas de hasta 250.000 pesos mensuales por contratar a personas que no estaban preparadas para el cargo que llegarían a ocupar en la Unidad de Restitución de Tierras.
Con todo el material probatorio, el secretario de Transparencia de la Presidencia de República, Andrés Idárraga Franco, le solicitó a la Fiscalía investigar los presuntos hechos y emitir las sanciones a las que haya lugar.
