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La ruta de las convalidaciones en el sector salud
Menos costos en especializarse, una razón fundamental para estudiar afuera. Analistas dicen que no se deben flexibilizar los criterios.
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Médicos, por economía, salen a especializarse en otros países. FOTO COLPRENSA
09 de septiembre de 2020
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médicos por cada mil habitantes tiene Colombia, según la Ocde.
Colombia, entre 2016 y el 15 de julio de 2020, ha otorgado 9.148 convalidaciones de títulos a profesionales del sector salud, según el Ministerio de Educación, que respondió a una solicitud de EL COLOMBIANO. En 2016, fueron aprobadas 2.072; 2.861 en 2017 y tan solo 878 el año pasado.
Las principales carreras de este sector que fueron convalidadas, es decir, que acreditaron sus estudios en el exterior para poder ejercer en el país, son médicos cirujanos, médicos generales, especialistas en medicina interna, odontólogos y especialistas en pediatría (ver infografía). Aunque puede haber debate porque en el contexto de la pandemia se analizó la posibilidad de flexibilizar los requisitos para convalidar títulos en este sector, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, durante un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara, dejó claro que, por ahora, no se ha hecho.
¿Qué dicen las cifras?
El exministro de Salud Jaime Arias plantea que es un número “grande”, aunque precisa que, si cumplen con los criterios y exigencias, no hay que satanizarlas. “Colombia tiene cerca de 130.000 médicos y cada año se gradúan unos 5.000”, sostiene Arias.
El exfuncionario destaca que en pregrados la cifra es inferior y, en su mayoría, las convalidaciones son de posgrado. Al revisar el reporte del Ministerio se encuentra que, tal como lo plantea Arias, las de posgrado representan el 51,26 % de las convalidaciones otorgadas. “Son especializaciones que son muy cerradas aquí y que obliga a muchos a buscarlas fuera del país”, agrega el exministro.
Lupa a los procesos
Frente a este panorama, Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, resalta que no hay oposición a las convalidaciones, pero deja claro que se “deben cumplir los requisitos para convalidar, es decir, que no haya ningún tipo de proceso que acelere esa tarea”.
Además, agrega Corcho, si los procesos se realizan de manera “exprés y sin cumplir con los pasos necesarios para esto, se podrían generar problemas en la atención de salud en los ciudadanos”.
Su advertencia tiene que ver con el caso de personas que argumentaban que habían hecho sus especializaciones en Brasil o Perú, pero estos solo fueron unos cursos cortos en esos países. Este caso, en julio de 2018, provocó la condena a siete años de cárcel de Leonor Herreño, quien se desempeñaba como funcionaria en la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación.
La condena se logró luego de un preacuerdo con la Fiscalía, en el que Herreño aceptó su responsabilidad y admitió que participó en la convalidación de títulos fraudulentos de Argentina y Perú, de “por lo menos 44 falsos médicos cirujanos”, según la Fiscalía.
Frente a este escenario, el ministro de Salud destaca que en sus recorridos y verificaciones de disponibilidad, “puedo decir que los trabajadores están cubiertos y hay una evolución satisfactoria”.
¿Por qué se van?
Luis Carlos Ortiz, director de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), explica que si bien el país ha avanzado en la oferta de formación del talento humano en salud, aún hay retos que se deben superar.
Según Ortiz, los profesionales prefieren ir a Argentina, Cuba o Venezuela a especializarse, pues les resulta más económica su formación. Los datos del Ministerio confirman esta hipótesis, ya que de estos tres países fueron radicadas 8.093 de las 11.867 presentadas entre 2016 y el 15 de julio pasado, es decir, representaron el 68,1 %.
“Los costos de la educación son mucho menores y eso, de alguna manera, hace que los profesionales migren y luego regresen, porque aquí, pese a las dificultades, tendrán mejores condiciones”. Ortiz detalla que este fenómeno no solo sucede en el sector salud, sino en otras áreas del conocimiento.
En este punto, sostiene Corcho, hay que tener en cuenta que en Colombia una matrícula para formación posgradual puede costar entre $25 y $40 millones, lo que hace prácticamente inviable la formación en ese nivel, pues representaría una deuda para los profesionales cuando terminen de especializarse.
En cuanto a los retos educativos del sector salud, Román Restrepo, docente de la facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, sostiene que la crisis develó varios aspectos, entre ellos, un “divorcio” entre los profesionales y la población, según él, orientada por el sistema de salud que se tiene.
“Este sistema ha puesto el énfasis en criterios administrativos y económicos, y provocó que la credibilidad hacia el médico se perdiera y que hasta el profesional de la salud se corrompiera, porque tiene que decidir la atención de un paciente dependiendo de si el pagador está al día o no”.
Agrega que desde la academia hay que fortalecer la formación hacia la salud pública, en ética y bioética para lograr en el profesional un compromiso humanista, y además, fortalecer la formación de los profesionales generalistas, “porque el país, arrastrado por esta situación de mercado, profundizó la proliferación de las especializaciones, en detrimento del médico general, que es quien está más de frente a las comunidades”.
Avances y deudas
Corcho reconoce, no obstante, que el país ha dado un paso importante en ese sentido, con la consolidación de la ley de residentes. Esta fue aprobada y sancionada en 2019, se reguló a principios de este año y contempla un salario de alrededor de $2.500.000 para al menos cinco mil residentes médicos del país. “Hay que reconocerle al Ministerio de Salud que la ley del residentes se ha cumplido con la remuneración, porque en el país el profesional debía pagar para estudiar y trabajar al mismo tiempo”.
Incluso, el pasado lunes se conoció que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) reportó el primer giro de apoyo económico a 689 estudiantes de primera especialidad médico-quirúrgica por valor de $1.814 millones, correspondiente al mecanismo de reconocimiento económico mensual, por medio del cual les giraron $2.633.409, equivalente a tres salarios mínimos legales vigentes.
De igual manera, Corcho llama la atención en el sentido de que aún hay un pendiente en esa regulación: “No hemos logrado obtener respuesta del Ministerio de Educación en cuanto al control de precios de las matrículas. Si no se resuelve ese problema, seguiremos con un cuello de botella, porque no habrá forma de que el personal de salud se especialice en el país”.
Frente a este punto, EL COLOMBIANO consultó desde el 21 de agosto con la oficina de prensa del Ministerio de Educación para conocer cuáles eran las tareas que había adelantado el despacho de María Victoria Angulo, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuestas en cuanto a la solicitud.
Pese a ello, Ortiz destaca que este despacho ha fortalecido su sistema de acreditación de calidad en los últimos años para darle garantía al país de que sus profesionales se están formando adecuadamente, aunque sostiene que “más allá de mirar si hay mucha o poca oferta, hay que enfocarnos en que el país tenga la posibilidad de garantizar que esa oferta sea de calidad”.
¿Influyó la pandemia?
De las 11.867 solicitudes presentadas en el periodo analizado, 1.955 fueron radicadas entre el 25 de marzo y el 15 de julio pasado, es decir, en plena pandemia. De estas, Argentina, Venezuela y Cuba siguen siendo los tres países de origen con mayor representación, con 1.265 solicitudes, equivalentes al 64,7 %.
En cuanto a las aprobadas, fueron 1.308 en ese periodo, que representan el 14,29 % del total del periodo analizado (2016-julio de 2020), según el Mineducación.
Sin embargo, no hay información que permita llegar a la conclusión de que la pandemia aceleró el proceso de convalidación. Primero, porque, de acuerdo con el ministro de Salud, el escenario de la llegada de profesionales de otras naciones no se ha dado aún en Colombia y, segundo, si esa decisión se llegara a tomar, deberá basarse en el consenso con las sociedades científicas.
“Siempre se ha planteado que el recurso humano sería en condiciones en las cuales se convocaría primero a los trabajadores de la salud extranjeros residentes en el país a través de diferentes procesos y, en cuanto a convalidación, se planteó la posibilidad de realizarla de manera rápida sin que se relajaran los requisitos”, agregó el ministro.
Desde el año pasado se implementó un nuevo sistema para que el proceso de convalidación sea más ágil. “Se acabaron las convalidaciones eternas”, dijo el presidente Iván Duque en octubre del año pasado, al señalar que la meta era reducir los tiempos del trámite hasta en un 70 %.
Pese a esto, el médico internista Miguel González, graduado de Medicina General en la Universidad CES en Medellín, y quien estudió su especialización en Medicina Interna en la Universidad de Rutgers, de New Jersey, EE. UU., y se graduó en junio de 2018, desde febrero del año pasado está haciendo el trámite de la convalidación, pero, hasta el pasado viernes, no lo había logrado. “Suspendí la aplicación con el anterior sistema y voy a volver a hacerlo con el nuevo”, asegura, confiando en que esta vez sí dé resultado.
César Burgos, expresidente de la Asociación de Sociedades Científicas, indica que, en caso de que este escenario de necesitar más personal de la salud en medio de esta coyuntura, “no se deben flexibilizar los criterios, sino abrir más mesas de evaluación, que permitan acelerar los procesos, pero que esto no vaya en detrimento de la calidad de los profesionales y, por ende, pueda afectar la salud de los pacientes”.
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