Cuatro días después de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) dio a conocer que empleará inteligencia artificial en la selección de oferentes y contratistas de la entidad, para blindar a la infancia de fugas de corrupción, la Contraloría General de la República denunció que al menos 15.580 personas que figuran como muertas recibieron 28.018 raciones alimenticias del Icbf durante la pandemia del coronavirus.
La noticia se conoció hace 24 horas, a través de una notificación oficial de la Contraloría en la que detalló las presuntas irregularidades que se encontraron en el proceso, luego de revisar las bases de datos que maneja el Icbf y cruzarlas con las de la Registraduría Nacional.
¿Qué pasó?
Según el reporte del ente de control, encontraron que los beneficiarios aparecían como muertos luego de hacer el cruce de datos con las bases de la Registraduría.
En total, según indicó la a Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría logró identificar 69 alertas relacionadas con las presuntas irregularidades en el país.
Dicha Dirección destacó que, aunque los beneficiarios aparecen como difuntos, “los contratistas les entregaron raciones de alimentos a menores de edad que en la misma base datos están reportados como muertos, pero cuyo documento estaría siendo suplantado por beneficiarios”.
Asimismo, María Fernanda Rangel, directora de la Diari, aseguró hubo “falta de análisis de los operadores al entregar la ración” y calificó de “inaudito” lo que se encontró, teniendo en cuenta “que toda esta información se sacó de las planillas que ellos entregan al Icbf”, agregó la funcionaria.
No obstante, no es la única presunta irregularidad. Por ejemplo, en Chimichagua, Cesar, una mujer reclamó raciones para 172 menores de edad que inscribió como sus hijos o en Teorama, Norte de Santander, un hombre aseguró ser el acudiente de 195 niños para los que reclamó las ayudas alimentarias.
“Por esto, desde la Contraloría General realizamos estas alertas, para que en el país esta situación no se convierta en una anécdota”, agregó Rangel en el comunicado, quien también aseguró, por otra parte, que también se generaron 25 alertas alrededor de la baja ejecución de contratos por $12.087 millones de pesos por entregar. “Se trata de contratos en los que en los meses de mayo, junio y julio del presente año se realizaron pocas entregas y, en algunos casos, ninguna”, agregó Rangel.
Responde el Icbf
La directora del Icbf, Lina Arbeláez, en declaraciones entregadas por su oficina de prensa, precisó que hasta ayer no había sido notificada de los hallazgos; sin embargo, recordó que desde el 19 de marzo había solicitado el acompañamiento de la Contraloría en los procesos de contratación.
En el documento, conocido por este diario, se puede leer que Arbeláez le solicitó al contralor, Carlos Felipe Córdoba, “el acompañamiento en la entrega de los paquetes nutricionales que estamos realizando en el territorio nacional”, con el objetivo de fortalecer la transparencia en el uso de los “recursos asignados para la protección de los derechos de la niñez”.
Asimismo, aseguró que, además de las investigaciones que se iniciarán a los contratistas, adelantarán otros procesos administrativos dentro de la entidad, en aras de establecer las responsabilidades para que estos resultados no solo se queden en titulares, sino que lleguen “al ámbito penal”.
“Vamos a revisar con la Registraduría cuáles son los niños que aparecen, con supuestamente canastas entregadas, que han fallecido, lo que nos permitirá adelantar acciones administrativas y penales en contra de quienes hayan ejercido esta práctica”, agregó Arbeláez.
La funcionaria también precisó que están revisando y cruzando la información del beneficiario con 172 niños beneficiarios, “toda vez que en el caso de La Guajira, por ejemplo, es una líder la que se encarga de recibir las raciones y las entrega casa a casa”
Olinda García, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de la Infancia y Adolescentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi), mostró su preocupación y llamó la atención para que, desde la dirección nacional, enfoquen sus esfuerzos en estudiar la contratación de lo que pasa en las regiones.
“Hay varias situaciones que me han comentado algunas compañeras en las regiones”, apuntó García, quien pidió “que el Icbf atienda todas las denuncias que se hacen, para no quedar nadando contra la corriente”.
100
mil planillas del Icbf fueron analizadas por la Contraloría General de la República.
