La tensión por la elección de la fiscal general de la nación y la independencia de poderes sigue al máximo entre el poder judicial y la Presidencia de la República. Dos semanas después de que un grupo de manifestantes bloqueara el Palacio de Justicia, el Consejo de Estado acaba de “ordenar” un refuerzo urgente de las medidas de seguridad para cuidar la sede de la Corte Suprema.
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En respuesta a una tutela que pidió protección adicional para ese alto tribunal, el Consejo decretó “como medida provisional, que el Alcalde Mayor de Bogotá tome las acciones necesarias para reforzar la seguridad del Palacio de Justicia y sus alrededores”.
Entres esas acciones obligatorias, el Consejo pidió incluir “el reforzamiento del pie de fuerza y el establecimiento de controles del tráfico de aproximación al Palacio de Justicia”.
Tal como detalló el Consejo en su fallo, el tutelante fue el ciudadano Gerardo Antonio Duque Gómez, quien, intentando proteger a “los ciudadanos residentes en la ciudad capital” y los “niños y niñas, adolescentes que estudian en los Colegios aledaños al Palacio de Justicia”, presentó escrito de tutela en contra de la Presidencia de la República de Colombia, en el que “solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal, que consideró vulnerados con ocasión de las movilizaciones realizadas por la elección del Fiscal General de la Nación”.
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Dentro de esa tutela, Duque Gómez solicitó que el Consejo de Estado le ordenara al Presidente de la República “tomar las medidas necesarias como jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa para restablecer el orden público” y que suspendiera de manera provisional la elección del Fiscal General de la Nación hasta que estén garantizados los derechos fundamentales invocados de los ciudadanos y, en especial, de los empleados de la Rama Judicial que se encuentren en las instalaciones del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía.
Sin embargo, el Tribunal consideró que la medida provisional no es necesaria en este punto. De hecho, el Consejo dijo que, al parecer, “las manifestaciones públicas de protesta fueron infiltradas por sujetos ajenos a los convocantes que, realizaron actividades que coartaron derechos fundamentales de quienes laboraban en actividades judiciales en el Palacio de Justicia y, con el único fin de precaver la vulneración grave e irreversible de los derechos fundamentales a la libertad, a la integridad personal y a la vida de los manifestantes pacíficos, del tutelante y de quienes laboran en esa sede judicial”.
Dicho eso, aseguró que la medida urgente y aplicable es que “el Alcalde Mayor de Bogotá, servidor a quien le ha sido asignada la competencia para conservar el orden público en el Distrito y quien como consecuencia tiene interés en las resultas de este trámite y puede ser destinatario de las medidas, refuerce la seguridad del Palacio de Justicia y sus alrededores, de manera tal que, garantice los derechos fundamentales a la manifestación pública y pacífica, a la libertad de locomoción, a la vida, a la seguridad, de los manifestantes pacíficos, del tutelante, de los usuarios de la administración de justicia, y de los transeúntes en general”, dijo el Consejo.
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Por ahora, ese bloqueo a la Corte ha sido todo un motivo de disputa entre la Corte y otras instituciones de justicia y el presidente Gustavo Petro.
En ese punto, el jefe de Estado ha intentado minimizar el hecho diciendo que el bloqueo fue solamente por unos “segundos” y que se trató de personas ajenas a la protesta pacífica que realizaban sus seguidores.
Acá es clave recordar que las manifestaciones del 8 de febrero en las que bloquearon el Palacio de Justicia fueron citadas por la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, pero apoyadas e impulsadas por el Gobierno y sus simpatizantes.
Dichas marchas tenían dos objetivos: rechazar el allanamiento a la sede de Fecode y pedir la elección de la fiscal general de la nación lo antes posible.
Fue justo esa última petición la que generó la furia de los asistentes a ese día de manifestaciones, pues la Corte Suprema estaba ese mismo día debatiendo los perfiles de las tres candidatas y no logró ponerse de acuerdo.
Así las cosas, la Corte Suprema y demás altos tribunales han insistido en la necesidad de respetar la independencia de poderes y garantizar las medidas de seguridad para elegir a la próxima candidata.
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