El Consejo de Estado negó la solicitud de suspender las obligaciones que el Gobierno Nacional le impuso a las antiguas Farc para la elaboración de un inventario de los bienes de esa organización que implica, además, tenerlas bajo su custodia hasta que se cumpla el proceso de entrega como acto de reparación a las víctimas del conflicto armado.
Pastor Alape, reincorporado de la extinta guerrilla, presentó una medida cautelar que pretendía la nulidad de algunos apartes de tres decretos, con los que el Gobierno reglamentó las obligaciones de los desmovilizados responsables del inventario, pactado en el acuerdo de paz en Cuba.
De acuerdo con el exguerrillero, imponer la obligación de realizar el inventario, cuidado y entrega de los bienes va más allá de los compromisos asumidos por los desmovilizados en el acuerdo de paz. A su juicio, con esta imposición el Gobierno “no solo desbordó sus competencias, sino que desatendió el deber de cumplir, de buena fe, el pacto que puso fin a las hostilidades entre la fuerza pública y las Farc, y que dio lugar a la reincorporación de sus militantes a la vida civil”.
