Después de tumbar a Roy Barreras del Congreso, en menos de un mes el Consejo de Estado le dio un nuevo golpe al gobierno de Gustavo Petro al declarar la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la República. La Sección Quinta del alto tribunal confirmó la decisión este jueves y determinó que hubo irregularidades en el proceso de escogencia.
En su fallo, el alto tribunal señaló que la mesa directiva del Congreso, encabezada precisamente por el relevado Barreras, incurrió en irregularidades para elegir a Rodríguez Becerra como contralor al elaborar una tercera lista de elegibles y variar sin justificación alguna los parámetros de calificación fijados inicialmente en la convocatoria.
Esta decisión judicial fue celebrada por la representante Jénnifer Pedraza, quien instauró la demanda. La congresista planteó que se trata de un golpe de autoridad con el que, según ella, la Rama Judicial impidió que se acomodara la Ley para elegir un contralor de la línea de Petro.
“El Consejo de Estado nos da la razón anulando la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, y ratifica lo que siempre dijimos: Roy Barreras vició la elección para que el presidente Gustavo Petro pudiese tener contralor de bolsillo. El cambio pasa sí o sí por órganos de control independientes. Lo contrario es replicar lo que tanto criticamos de gobiernos anteriores”, señaló Pedraza.
Congreso actuó irregularmente
De acuerdo con el Consejo de Estado, la mesa directiva del Congreso decidió cambiar los criterios y valores fijados en la convocatoria inicial del proceso de elección del contralor general que, según su concepto, fueron injustificados y, además, también varió gravemente los parámetros de evaluación de los participantes.
“Esto ocurrió luego de que ya se conocían los resultados de las pruebas de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida, actividad adelantada por la Universidad Industrial de Santander, en la primera fase de la elección. Por lo tanto, se afectó la objetividad y legalidad del proceso electoral. Además, se desconoció la inmodificabilidad de las convocatorias sin razón válida” explicó el alto tribunal.
Frente a esta decisión se pronunció el directamente involucrado Barreras, quien defendió que lo único que hizo fue acatar dos fallos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Superior de Medellín, que ordenaba rehacer la lista de elegibles. “El Consejo de Estado no está de acuerdo y en las controversias jurisprudenciales tiene, por supuesto, la última palabra y debe acatarse. No nos equivocamos. Yo volvería a acatar las dos tutelas”, planteó el expresidente del Congreso.
Por su parte, el representante David Racero, presidente de la Cámara, apuntó que la bancada oficialista en el Congreso respetará y acatará la decisión, pero respaldó a Barreras argumentando que se intentó corregir el proceso porque, según él, venía con vicios desde la mesa directiva anterior, encabezada por el ahora exsenador conservador Juan Diego Gómez.
“Cuando llegamos a la Presidencia de Cámara, junto al presidente del Senado (Roy Barreras), intentamos corregir un proceso que venía viciado desde antes, con dos fallos de tutela previos a que llegáramos nosotros que exigía hacer de nuevo las listas”, planteó el representante Racero.
Esos argumentos fueron desvirtuados por el alto tribunal en su decisión, en la que aclaró que aunque el Congreso adujo como sustento esos dos pronunciamientos judiciales, se estableció que estos solo dispusieron la conformación de una segunda lista de elegibles, pero no de una tercera, ni la variación de la convocatoria inicial del proceso de elección.
“Conforme la Constitución Política y la Ley 1904 de 2018, la convocatoria constituye la ley de este tipo de procesos, por lo que no pueden cambiarse las reglas establecidas sin justificación y, mucho menos, cuando ya se han practicado las pruebas diseñadas para el efecto y se conocen sus resultados, que fue lo que ocurrió en este caso”, expuso el Consejo de Estado.
Ante este panorama de irregularidades, el alto tribunal declaró la nulidad de la elección de Rodríguez Becerra –que se hizo en agosto de 2022– y ordenó hacer el proceso de selección desde cero, a partir de la convocatoria.
Esta decisión representa un golpe para los intereses del Gobierno, ya que aunque el saliente contralor no era del ala del presidente Gustavo Petro, él fue decisivo para su elección (ver Para Saber Más).
Además, fuentes de la Contraloría le aseguraron a este diario que el reemplazo provisional de Rodríguez Becerra será el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, quien es una ficha de Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador que se declaró en independencia frente al Gobierno.
