Si toda la humanidad consumiera recursos naturales (agua y suelo) como lo hacen los colombianos, estos se habrían agotado totalmente desde el pasado sábado. Así lo expone el informe de la plataforma Earth Overshoot Day (Día de Sobregiro de la Tierra), que señala que Colombia llegó este sábado a su día de “sobregiro ambiental”.
Según explica Silva Gómez, directora de Greenpeace Colombia, desde este 17 de octubre “comenzamos a ocupar una línea de crédito que, en realidad, implica que nuestra forma de consumo requiere y gasta más recursos de lo que somos capaces de regenerar”.
El balance es desalentador, dice, pues este año el sobregiro ambiental del país llegó el 17 de octubre, un día antes en relación a 2020. “Lo estamos haciendo un día peor por año”, sentencia Gómez.
En Colombia, la Huella Ecológica, que mide la cantidad de tierra y mar biológicamente productivos requerida para producir lo que se consume y absorber los desechos generados, es de 1,9 hectáreas por persona, más alta de las 1,7 ha recomendadas para que los recursos puedan regenerarse.
Que el país no esté generando ninguna capacidad de ahorro medioambiental, lo cual lo ha llevado a “endeudarse” cada año más, es señal inequívoca para Greenpeace de que la reactivación no está contemplando el impacto en los ecosistemas y que la dinámica actual en las ciudades es insostenible.
Para lograr retrasar los días de sobregiro, el informe se centra en acciones en aspectos como el diseño y gestión de las ciudades, las energías usadas para dinamizar la economía y la forma en que se produce, distribuye y consume alimentos. Para Óscar Guevara, el país está en un momento inmejorable para poner en marcha una “economía saludable”.
Para ello, explica, hay que valerse de soluciones basadas en la naturaleza (SBN), es decir, todas aquellas que se basan en los servicios que ofrecen los ecosistemas para brindar soluciones a problemas concretos.
“Por ejemplo, comprometer a comunidades campesinas e indígenas con la conservación de ecosistemas ofrece soluciones de empleo, de ingresos y repercute en acciones contra el cambio climático, la captura de carbono, el suministro de agua, entre otros”.
El Ministerio de Ambiente tiene identificados proyectos de SBN en el país; destacan 90 de agricultura sostenible, 50 en el sector de alimentos y otros 50 en el de turismo. Además, esa cartera tiene registrados cerca de 2.000 negocios verdes.
Según el DPN, la bioeconomía en Colombia, en la que se gestiona de manera eficiente y sostenible la biodiversidad y la biomasa residual para generar nuevos productos, procesos y servicios puede aportar el 10% del PIB para 2030.
Sin embargo, actualmente es una oportunidad que solo exploran el 0,5% de todas las empresas cuya actividad podría desarrollarse a partir de este concepto.
Otro aspecto en el cual el país debe efectuar una transición definitiva es en la producción, distribución y consumo de alimentos. El 87% de la huella forestal de un colombiano, es decir, el impacto que dejan los productos que alguien consume en cuanto a degradación y deforestación de bosques, tiene que ver con la producción de alimentos.
Por ello, Óscar Alfonso, director del Observatorio Hambre Cero, del Externado, indica que es necesario realizar cambios tanto a la estructura económica como a la conciencia de cada consumidor.
“Son urgentes acciones que permitan penalizar prácticas como acaparar, especular con precios. Hay que repensar el modelo que le entrega tanto poder a los distribuidores mayoristas”, dice.
Pero también le compete, opina, una amplia responsabilidad ética a cada ciudadano: “El síndrome de la abundancia, que vemos en tantos restaurantes y hogares, y que es la adquisición de alimentos sin planificación del consumo que se les dará, termina en la pérdida de estos y por ende en un desperdicio de energía, agua y tierra, luego es una decisión personal con un profundo impacto ambiental”.
Otro frente obligatorio es la transición a energías limpias. Al respecto, el país se ha trazado una meta ambiciosa según le dijo Roberto Esmeral, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, a la comunidad internacional en la agenda ambiental que se desarrollo durante la reciente Asamblea General de la ONU.
“Entre las metas, el país se plantea pasar de 300 megavatios de capacidad instalada de energía solar y eólica a tener más de 2.200 megavatios de capacidad instalada en esas energías renovables no convencionales para agosto de 2022”, aseguró.
Lamentando el tiempo perdido, organizaciones como Greenpeace y WWF creen que aún hay margen para revertir este y otros indicadores. Eso sí, advierten, hay que empezar inmediatamente.
