La presencia en San Andrés y Providencia de grupos armados como el Clan del Golfo y Los Rastrojos encendieron las alarmas de la Defensoría del Pueblo. Las disputas por las rentas criminales, advierte el Ministerio Público, podrían desencadenar en un aumento de homicidios, extorsiones y reclutamiento de menores para su explotación.
El ministerio público indicó que en el departamento insular hay presencia y fortalecimiento de estructuras armadas como el Clan del Golfo y Los Rastrojos, además, advirtió que en lugar hay tercerización de los servicios criminales con bandas locales como Los Pusey o La Fortaleza.
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“Estas condiciones han hecho que la niñez, los adolescentes y jóvenes sean los más afectados y no solo sean utilizados para las labores de transporte de drogas, también son instrumentalizados para el sicariato, el cobro extorsivo, las amenazas y los hurtos”, señaló Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
En la Alerta Temprana 028 del 2022, la Defensoría del Pueblo documentó que la disputa de los ilegales ha derivado en un incremento de los homicidios en la región insular. En los primeros siete meses del 2022 han registrado 11 homicidios, 2021 cerró con 37 asesinatos y 2020 tuvo 38.
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“La comunidad también ha denunciado cada vez más casos de violencia y explotación sexual comercial de mujeres, niñas y niños y adolescentes raizales que están relacionados con el turismo y las condiciones de pobreza de las víctimas. Otra expresión de violencia que detectó la Alerta Temprana es el tráfico ilegal de migrantes que es manejado por organizaciones ilegales”, afirmó el defensor Camargo.
