El proceso en el caso del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega se convirtió en un emblema tanto para los intereses de las víctimas como para los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Para el general Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro, en este caso la justicia ha actuado con un espíritu revanchista y político, al estimar que “sobre ese tema desde hace rato hemos venido pidiendo desde la reserva activa de que se obre con rapidez y justicia. Es de conocimiento público de que los testigos que se utilizaron fueron falsos y con esos procedimientos lograron la condena”.
Y reclamó: “También sabemos que quienes tuvieron a su cargo resolver la condena inicial obraron desde un punto de vista político y revanchista”.
A su turno, el general Héctor Fabio Velasco, del cuerpo de generales y almirantes en retiro, expresó que este proceso afecta directamente el proceso de paz: “Este caso ha sido el montaje más sucio e infame que se ha hecho. Él ha demostrado que las personas que entraron a la Escuela de Caballería, que era donde él estaba, salieron todas y lo más justo es la libertad. Sin justicia en el caso Plazas Vega es imposible esperarla en otros procesos”.
Contraria a la posición de los militares, ha sido la de los familiares de las víctimas, para quienes la responsabilidad penal de Plazas Vega es vista como un aire de justicia y de reparación por el dolor causado.
“Este es un punto en la historia para decirle al país que no importa cuanto tiempo pase, que la justicia puede llegar, como un alivio para tanto dolor y como un triunfo por la búsqueda de la verdad”, dijo Juan Francisco Lanao, hijo de Gloria Anzola, quien era visitante del Palacio ese día.
Por su parte Germán Romero, abogado de víctimas, mantuvo durante todo el proceso la opinión de que la Corte Suprema de Justicia no debía apartarse de lo que ya han decretado los jueces, e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos “sobre el modus operandi de tortura y desaparición de las personas por parte del Ejército, luego de la retoma al Palacio de Justicia”.
Para Romero, una absolución da el mensaje de que en “Colombia no existe Justicia para estos casos, que no hay posibilidad de una verdad y que en definitiva hay un manto de impunidad. Una condena sí confirmaría la violación a los Derechos Humanos que se produjeron después de la retoma al Palacio”.
Fue la misma idea planteada en un comunicado por parte de las familias de las víctimas cuando se conoció la primera condena en contra de Plazas Vega. En esa oportunidad estimaron que la sentencia “dignificaba la memoria de las víctimas, a la vez que contribuía a la construcción de la paz, cuyas bases sólidas están en el reconocimiento de la verdad histórica del conflicto armado”.
“El Estado tiene en sus manos la posibilidad de realizar ese gesto de paz ante las víctimas del Palacio, a través del reconocimiento pleno de su responsabilidad y del cumplimiento íntegro de las decisiones sobre reparación integral a las víctimas”, señalaron en su momento.
