En la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia comenzó este martes la audiencia de juicio oral en contra del exgobernador de Nariño y precandidato presidencial Camilo Romero, por presuntos vicios en un contrato para la compraventa de aguardiente cuando fue gobernador.
El proceso se abrió desde el año 2019, cuando la Fiscalía denunció las presuntas inconsistencias. Los investigadores identificaron presuntas condiciones irregulares de un contrato que, presuntamente, comprometió recursos que superaron los 18.000 millones de pesos. Según la versión del ente acusador todo el detrimento emanó del decreto de fecha del 24 de agosto de 2016.
Romero ha argumentado en diversas ocasiones que no se trató de un contrato para adquirir un bien o un servicio, sino una venta de 80.000 cajas de aguardiente en 2016 durante su periodo como gobernador y que todo el rédito entró a la Gobernación, tal como lo certificó, según él, la Contraloría.
Sin embargo, la diligencia arrancó con un tremendo rifirrafe entre Romero y la Corte, luego de que el alto tribunal negara una petición de suspensión que hizo la abogada Ruth Marina Pulido, defensora pública que representa al exmandatario hace unas semanas y quien aseguró que no ha podido conocer todo el expediente y que solo ha tenido 18 días para prepararse para el juicio.
La Sala negó la petición y aseguró que, aunque hubo días en los que la abogada no tuvo contrato, desde el 6 de diciembre de 2021, hasta hoy, transcurrió tiempo suficiente para conocer los términos de la imputación y la acusación que le hizo la Fiscalía a Romero, así como las decisiones que se tomaron en la audiencia preparatoria.
“El despacho no encuentra fundamento válido a la solicitud de aplazamiento y por tanto la conmina como puede fácilmente observarse con este serían dos los intentos de la Corte para dar inicio al juicio oral, pretensión que se ha tratado de entorpecer ante la ocurrencia de actitudes dilatorias tanto de la defensa técnica como material, lo cual repugna el principio de la lealtad que rige la actuación procesal”, indicó el magistrado Ariel Torres.
Al no conceder la petición, Romero les dijo a los magistrados que no respetaban sus garantías. “Ustedes pretenden llevar a juicio sin las garantías de la defensa. La defensora no es una persona que yo le pague, no es de mi confianza y ha dicho que no está en la facultad de seguir mi defensa. Ustedes pretenden garantizar un juicio sin garantizar el derecho a la defensa, ¿cómo se explica eso?”.
Ante ello, la defensora pública insistió que se trata de la primera petición de aplazamiento que se hace ante la necesidad de conocer el material probatorio y así poder defender a Romero.
“No puedo actuar, ni objetar ni contrainterrogar en un juicio en donde desconozco estos elementos. 18 días para preparar un juicio es exigir algo imposible”, dijo la jurista.
Así mismo, Romero les dijo a los magistrados que su proceso no era “la presentación de un examen de universidad” y calificó como aberrante que la Corte le exigiera a la abogada de la defensoría “tener listo una defensa para el juicio” en menos de 20 días.
Romero dijo que su abogado de confianza, Gerardo Barboza, renunció a su defensa por las supuestas presiones de la Corte Suprema de Justicia. “El doctor Gerardo Barboza renunció por la forma como se le quería obligar a desconocer su profesión académica, obligándolo a de un día para otro cancelar su agenda, adelantar un juicio mientras que tenía covid”, aseguró Romero.
Y agregó: “yo me quedo sin abogado no por decisión mía, sino cómo ha venido actuando la Corte Suprema de Justicia, señor Magistrado Ariel Torres. Dos años ocho meses permitió usted que la Fiscalía tome ese tiempo sin reparo alguno. A eso no le llamaron dilación, a eso no usaron el término repugna”.
El precandidato presidencial cuestionó a la Corte y dijo que quería que le explicaran “cuál es este acelere desmedido, porque esto sí repugna las garantías de los ciudadanos en un Estado Social de Derecho”.
“Usted me está llevando a un punto injusto, tener que enfrentarme con argumentos y de esta manera a quien tiene en sus manos la decisión de mi libertad. Eso no debería suceder en un Estado Social de Derecho. No sé cuál es el interés detrás de todo usted. Usted lo sabe, todo el país lo sabe, yo soy precandidato presidencial y lo soy en un movimiento alternativa y no estoy pidiendo ningún beneficio”, agregó.
La Corte le llamó la atención para que respetara la sesión y ratificó su decisión de no aplazar la audiencia, por lo que programó una nueva sesión para continuar con el juicio.
El magistrado Ariel Torres aseguró que la Sala no se rige por el procedimiento previsto en la ley y, de ninguna manera, es caprichosa la decisión de no suspender la audiencia de juicio oral: “es una orden que no es objeto de recurso alguno”.
