En palabras del representante Quintero, su proyecto es “para garantizarle a la Nación la capacidad y condiciones médicas de sus funcionarios electos para así cumplir con las funciones asignadas por la Constitución y la ley”.
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Una vez se realicen los exámenes, los resultados solo serían públicos en caso de evidenciar problemas graves. Textualmente, el documento dice que “solo se hará público en caso de evidenciar la existencia de enfermedades neurodegenerativas, catastróficas de pronóstico reservado o cualquier otra que comprometa la lucidez mental o capacidad cognitiva para la toma de decisiones propias del cargo y el desarrollo de las funciones”.
Pero la nuez del asunto está en que dichos exámenes médicos podrían declarar a cualquiera de esos funcionarios como incapaz de realizar sus funciones por asuntos de fuerza mayor.
Por eso, el proyecto propone que el “examen médico integral anual” sea realizado por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y, en caso de que el funcionario al que se le realice el examen médico integral no esté de acuerdo con el resultado, “podrá impugnarlo ante la junta nacional de calificación de invalidez”.
El proyecto llega en medio de múltiples especulaciones que han girado en torno al actual presidente, Gustavo Petro, por su estado de salud.
Como él mismo ha dado a conocer, dolores de estómago y resfriados crónicos lo han dejado en cama por lo menos en tres ocasiones durante el último año, lo que le ha impedido asistir a algunos eventos.
Ante sus bajones de salud, algunos han insistido que el jefe de Estado podría tener algún asunto más delicado del que no ha informado a la opinión pública.