El atentado del viernes en la noche a un camión que transportaba a miembros del Esmad en Cali, reafirmó la grave situación de orden público por la que pasa el país, la cual tiene como responsables a grupos armados ilegales.
En este caso, de acuerdo a versiones oficiales, fue el ELN el que se adjudicó el ataque que hacia las 10 de la noche del pasado viernes dejó heridos a 13 policías del escuadrón especial, quienes son atendidos en hospitales de la ciudad.
El hecho recibió el rechazo de todos los sectores políticos y sociales. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente Iván Duque, quien le ordenó al director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, desplazarse hasta la capital del Valle del Cauca para estar al frente de la situación.
Horas después, durante la mañana del sábado, el jefe de Estado señaló que el ELN se había adjudicado el ataque. Y según él, esta guerrilla lo hizo porque tiene un claro interés en “incidir en el proceso electoral de este año con el apoyo de dictaduras socialistas y comunistas”.
Y aunque ninguno se mencionó con nombre propio, el precandidato presidencial Gustavo Petro escribió después de Duque que es falsa la acusación de quienes creen que “los que aspiran a una policía respetuosa de los derechos humanos tienen que ver con la violencia del ELN”.
Por ahora, mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía por este caso, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que el Gobierno dará $350 millones a quien brinde información que lleve a la captura de los responsables.
De hecho, como trascendió que detrás del atentado estuvo el Frente de Guerra Urbano de esa guerrilla, Molano añadió que se darán hasta $1.000 millones por quien lleve a dar con alias el Rolo, el principal cabecilla de la estructura.
Este acto violento se dio una semana después del homicidio de 23 personas en Arauca y de la masacre en Casanare, situaciones que recrudecen la seguridad de las poblaciones y que parecen expandirse cada vez más a otras regiones.
