El conglomerado negó cualquier responsabilidad en casos de despojo o desplazamiento en los Montes de María. Defendió que en su momento pagó “el justo precio” y que ante las denuncias donó las 6.600 hectáreas adquiridas.
“No es nuestro propósito polemizar, pero debemos rechazar cualquier señalamiento de despojo o desplazamiento en el que no hemos incurrido”. En estos términos, el Grupo Argos respondió este jueves a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien señaló al conglomerado empresarial de ser supuestamente responsable de despojar tierras a campesinos en zonas golpeadas por la violencia.
En una dura arremetida en la noche del miércoles, el Jefe de Estado –quien participó en la entrega de tierras a víctimas del conflicto en la región de El Salado–, aseguró que el grupo empresarial compró terrenos en Montes de María, a través de una empresa llamada Tekia, que supuestamente eran de personas víctimas de desplazamiento forzado a manos de grupos armados.
“Estas tierras fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos, se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaría del fruto de la masacre y de la sangre. Se quedó con las tierras de los campesinos”, declaró Petro.
En respuesta, a través de una carta firmada por su presidente, Jorge Mario Velásquez, el Grupo Argos rechazó los señalamientos y si bien explicó que su intención al contestar lo dicho por Petro “no es polemizar”, ratificó que no es responsable de despojo o desplazamiento. En esa línea, el conglomerado instó al Jefe de Estado “a perseverar en la búsqueda de acuerdos nacionales a través del acercamiento con la sociedad civil, de la cual el sector empresarial es un actor trascendental que genera empleo y crecimiento para todos”.
En su misiva, Argos advirtió la importancia “del respeto por la institucionalidad y de la construcción armoniosa y sin estigmatización entre el Estado y el empresariado”. Sin embargo, detalló que a partir de 2008 resolvió invertir en los municipios de El Carmen de Bolívar y Ovejas tras una invitación pública del Estado “que incentivaron la acción del sector privado para promover condiciones de desarrollo a través de la inversión en esa región del país”.
“Este proceso conllevó la realización de un estudio de factibilidad que resaltaba las condiciones del suelo y de precipitación adecuadas para llevar a cabo un proyecto de compensación ambiental que a su vez contribuyera al desarrollo del territorio con la generación de empleo formal e inversión”, declaró el Grupo, asegurando que adquirieron 6.600 hectáreas a través de un proceso que incluyó la contratación previa de un estudio de títulos, “sin intermediarios, pagando el justo precio y apegados en todo momento a la ley”.
En esa línea, el conglomerado admitió que tras la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas en 2011 y posterior a la compra por parte de Argos, se conocieron reclamaciones que presentaron los propietarios iniciales de las tierras, con quienes la compañía nunca tuvo relación. “Las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido en ningún momento han concluido que se generaron desplazamientos ni despojos por parte de Argos. La organización siempre obró de buena fe y nunca se opuso a los procesos de restitución”, ratificó.
Inclusive, al insistir que no tuvo ninguna injerencia ni participó en las ventas iniciales, Argos explicó que, ante los reclamos, resolvió transformar el proyecto ambiental en uno social. Por ello, desde 2015 y de la mano de la comunidad, la empresa donó las 6.600 hectáreas –es decir, la totalidad de los predios en El Carmen de Bolívar y Ovejas– a la Fundación Crecer en Paz, entidad sin ánimo de lucro, independiente de Argos.
“Acompañado de la donación de los predios, se entregaron más de $21.000 millones a esa entidad para fortalecer su capacidad de acción orientada al desarrollo de sus proyectos con la finalidad de entregar la propiedad de la tierra a las comunidades y asociaciones del territorio”, agregó Argos, indicando además que Crecer en Paz realizó a su vez la donación de cerca de 1.000 hectáreas a la Agencia Nacional de Tierras “que no son objeto de ningún proceso de reclamación o restitución”.
Según Argos, la fundación ha dado cumplimiento “inmediato y ágil” a los fallos de restitución y ha donado tierras e invertido recursos en proyectos productivos que benefician a las comunidades campesinas de la región.
“Grupo Argos, en sus más de 90 años de historia, ha trabajado con total convicción en el aporte al crecimiento sostenible del país, con una visión de largo plazo que comparte el propósito de avanzar hacia una nación en paz, más justa y equitativa, y cree firmemente en que la articulación del Estado y el empresariado en una relación franca y constructiva es necesaria para alcanzar este objetivo y aportar al desarrollo social”, concluyó la organización.
