Las prácticas y liderazgo religioso estarían hoy en Colombia en un escenario de alto riesgo, según una alerta emitida por la Defensoría del Pueblo al Gobierno Nacional.
De acuerdo con el organismo, durante el primer semestre del 2024, se recibieron un total de 21 denuncias por amenazas contra líderes religiosos en los departamentos de Córdoba, Chocó, Putumayo, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca, razón por la cual llama al Gobierno Nacional y los entes territoriales a poner en marcha acciones urgentes para su protección y el respeto al derecho fundamental de libertad religiosa y de cultos.
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A la Defensoría le preocupa que desde el año pasado esta comunidad quedó excluida del Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades, por decisión del Ministerio del Interior.
Por eso, afirma la entidad que es inaplazable volver a incluirlos, en razón de su actividad. “La situación actual exige una respuesta rápida y decisiva para garantizar su seguridad y derechos”, dice la alerta.
Aunque el informe no detalla en qué consisten las amenazas y tampoco quiénes estarían detrás de las mismas, toda vez que pueden venir de su ejercicio dentro de las iglesias o a causa de su participación activa en la comunidad, la Defensoría pide tomar atenta nota a la gravedad de la situación e implementar acciones que eviten la materialización de las intimidaciones.
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Todo ello si se tiene en cuenta que la religión es el cuarto ámbito de la vida con mayor relevancia en los colombianos, por debajo de la familia, el tiempo libre y el trabajo, pero por encima de la política, según el Dane.
Así quedó planteado en el primer conversatorio interreligioso ‘Cultura de paz, convivencia y respeto a la libertad religiosa’. Allí, la Defensoría presentó la cartilla ‘Derecho fundamental de libertad religiosa y de cultos’. La publicación tiene como objetivo promover y divulgar ese derecho y ofrecer una interpretación accesible y pedagógica, promoviendo su respeto y aplicación en todos los ámbitos sociales.
“La discriminación y vulneración de los derechos humanos por motivos religiosos es un hecho que nos preocupa, razón por la cual desde el 2023 tomamos las acciones pertinentes para hacerles seguimiento y monitoreo. Creamos el ‘Grupo de Trabajo Interno de Libertad Religiosa y de Cultos’ con funciones amplias para articular y focalizar esfuerzos en la promoción y prevención de vulneraciones de este derecho”, aseguró el Defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina.
Según el funcionario, durante el primer cuatrimestre de este año fueron convocados en “13 departamentos del país diversos actores, iglesias y confesiones religiosas, comunidad educativa, funcionarios y servidores públicos locales para realizar diálogos defensoriales sobre el derecho de libertad religiosa y de cultos”.
Finalmente, el organismo recuerda a las estructuras armadas ilegales la obligación de respetar la vocación religiosa de los ministros de culto y sus comunidades, protegidos bajo el derecho internacional humanitario (DIH).
Según el Dane, el 78.6% de la población colombiana se identifica como católica; el 10.11%, como protestante, evangélica o cristiana no católica; el 7.8%, como creyente en Dios o en una divinidad superior, pero no afiliada a una religión en particular; el 1%, con otras confesiones religiosas, y el 0.6%, como agnóstica o atea.
