El 4 de febrero de 2024, Petro transmitió por televisión nacional su primer Consejo de Ministros. Dejó claro que no sería el único. Pero el entusiasmo inicial pareció frenarse tras un revés jurídico: el Consejo de Estado le prohibió seguir utilizando los canales privados para difundir estas reuniones, por tratarse de espacios internos del Gobierno, sin el carácter urgente ni la naturaleza comunicativa que justifica una alocución presidencial.
“El derecho a la información es igualmente vulnerado, cuando la información difundida es única, sin la posibilidad de tener acceso, en paralelo y en las mismas condiciones, a otras fuentes de información, a otros enfoques o interpretaciones de la realidad y la única opción informativa es la información oficial del gobierno, difundida en todos los canales televisivos de acceso abierto”, se lee en el fallo.
Se creyó entonces que cesarían estas transmisiones semanales en horario estelar. Pero el presidente lo hizo de nuevo. El pasado lunes, sobre las 7:14 p.m., volvió a aparecer en pantalla, acompañado por varios de sus ministros. Esta vez, amparado bajo el formato de “alocución presidencial”.
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Formalmente, ya no era un Consejo de Ministros; pero en la práctica, eso fue lo que se vio. Esta nueva aparición desató una tormenta jurídica, política e institucional. Aunque presentada como una intervención individual, lo que se evidenció fue un Consejo de Ministros disfrazado.
Según expertos, el mensaje de fondo fue una interpretación forzada del fallo del Consejo de Estado, desdibujando sus límites y abriendo la puerta a un posible desacato.
La decisión de la corporación era clara: los canales privados no pueden ser obligados a transmitir consejos de ministros.
En diálogo con este diario, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, explicó que lo que ocurre con el mandatario representa una “desnaturalización de la alocución presidencial”. Esta figura, detalló, solo debe usarse cuando exista una necesidad urgente y clara de dirigirse directamente al país.
“La alocución presidencial está respaldada por una urgencia, un interés público inminente. No es para que el presidente convoque a parte de su gabinete ni convierta el espacio en un Consejo de Ministros televisado. Eso afecta la libertad de empresa de los canales y la posibilidad de los colombianos de elegir lo que desean ver”, explicó Álvarez.
Al analizar la alocución del lunes, el magistrado afirmó que la presencia de otros funcionarios del gabinete en pantalla, así como la discusión de temas ajenos a una situación de emergencia, desdibuja completamente el sentido de una alocución.
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La Constitución advierte que esta figura se basa en intervenciones individuales del presidente, no espacios compartidos con ministros o funcionarios.
Por ahora, el Consejo de Estado no ha iniciado un proceso formal por desacato. Solo si la ciudadana que interpuso la tutela original presenta una solicitud en ese sentido, la corporación podrá estudiar si efectivamente se violó el fallo.
Así lo confirmó el magistrado Álvarez: “Si el accionante estima que no se ha atendido el fallo, puede formular un trámite de desacato. Solo entonces la sala correspondiente determinará si hubo o no incumplimiento”.
Mientras tanto, crece el malestar ciudadano por la reiteración de estos espacios en la televisión nacional, y la discusión sobre su legitimidad está sobre la mesa. El director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, fue más tajante: calificó la intervención presidencial como una “vulgar conejeada” al Consejo de Estado, y advirtió que este tipo de maniobras erosionan el respeto por las formas democráticas y la institucionalidad judicial.
“Es evidente que por alocución presidencial como lo ha hecho la jurisprudencia tiempo atrás hay que entender una intervención individual del presidente no para que el presidente surta “miniconsejos” de ministros o permita la intervención por esa vía, que es prevalente sólo para el presidente, para efectos de dar la intervención a parte de su gabinete con lo cual se desluce el ejercicio pero sobre todo se desluce en materia democrática aquel que debería respetar la institucionalidad y por supuesto los fallos judiciales”, dijo Herrera.
En la misma línea, el exmagistrado Gustavo Gómez advirtió que los choques entre el presidente y las instituciones judiciales son “indeseables para un Estado de Derecho”. Su crítica no se limita a la legalidad, sino a la ética del poder.
Si el presidente de la República no respeta los fallos judiciales, ¿qué mensaje se les transmite al resto de los funcionarios públicos? Gómez recordó que existen mecanismos legales para controvertir las decisiones judiciales, pero no se puede ignorarlas o burlarlas públicamente con argumentos comunicacionales.
“Independiente de lo valaldi del asunto, todos los ciudadanos, pero mucho más quienes cumplen funciones públicas, y claro, un presidente de la República es el primero que debe acatar las decisiones de los jueces. Si se trata de controvertirlas, el orden jurídico es abundante en recursos”, aseveró.
En el fondo, el riesgo es claro: erosionar el Estado de derecho en nombre de una supuesta conexión directa con el pueblo.
Para el jefe de Estado, las alocuciones se han vuelto un escenario hacia la experimentación. En poco más de dos años de mandato, ha recurrido a la figura de alocución presidencial en 35 ocasiones. Solo en 2025, ya suma ocho intervenciones, la mitad de ellas transmitidas por canales privados.
De todas, solo una ha tenido el carácter tradicional de alocución: cuando anunció una consulta popular tras el hundimiento de la reforma laboral en el Senado.
